Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
La noticia de la semana (o quizá del día por cómo van las cosas en nuestro país) nos trae el Diario Expreso: “Colchado nos pidió que ‘echemos’ al fiscal Chávarry” [1]. Así, el líder de la organización parapolítica denominada DIVIAC, Harvey Colchado (sí, a secas pues anteponerle el grado de Coronel PNP resultaría demasiado), envuelto -esta vez- en un presunto ilícito penal al amedrentar en el interior de Inspectoría de la Policía a los suboficiales PNP Juan Víctor Arias Contreras, James Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong, ex-escoltas del entonces Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, para que cambiasen de versión sobre los hechos suscitados en la oficinas del Ministerio Público, y con ello culpar al hoy Fiscal Supremo Chávarry Vallejos.
Esta lamentable situación, se suma (o resta dependiendo cómo lo miremos) a una serie de acontecimientos políticos cuestionables al interior del aparato estatal, que incluyen desde luego al gobierno del señor Vizcarra. En el Ministerio Público -cuyo lema solo para el recuerdo de “Una luz que nunca se apaga”- un nuevo escándalo en el caso Odrebecht a propósito de la existencia de corrupción en 20 obras que no fueron incluidas en el Acuerdo por el dúo dinámico Vela-Pérez. Como bien anota Manuel Romero Caro “… (Sic)... Asimismo las fuertes críticas al ACO, los errores cometidos y los temores sobre las futuras investigaciones que se efectuarán al respecto han afectado la unidad del equipo LJP y de la Fiscalía. A los reiterados enfrentamientos entre los fiscales Vela versus Hamilton Castro; Chavarry versus Pablo Sánchez; ahora se suma la Junta de Fiscales Supremos, que ha citado a los fiscales Vela y Pérez para que expliquen los alcances del ACO…. (Sic)...” [2].
Similar situación en el Poder Judicial, toda vez que el Juez Supremo, Jorge Castañeda, se inhibió a última hora de seguir conociendo la casación de la señora Keiko Fujimori, presionado a su vez por la ONG IDL y medios de comunicación afines (incluyendo comentarios altisonantes de personajes no tan ocultos del gobierno del señor Vizcarra).
Por su parte, el INPE [3] sigue literalmente “deshojando margaritas” preguntándose cómo y por donde escapó el delincuente -y hoy prófugo- Goro. Claro está que el cambio de funcionarios al interior fue necesario, pero nunca suficiente.
Y, en el Ministerio de la Mujer, las destempladas declaraciones de su aún Titular “con tus hijos sí me meto”. Huelgan mayores comentarios a este horror mayúsculo por parte del señor Vizcarra al nombrar a Gloria Montenegro en esta delicada y trascendente cartera ministerial.
Todo esto nos lleva a la siguiente interrogante: ¿Quis custodiet ipsos custodes?, o en castellano ¿quién o quiénes son los encargados de controlar el ejercicio abusivo del poder que ostentan estas personas, que dicho sea de paso representan a los órganos tutelares de nuestro estado peruano?.
De manera preliminar, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia que nadie está exento de control, sean personas naturales o jurídicas, y estas últimas de derecho público o privado.
Bajo esta premisa, debe entenderse que al interior de todo organización estatal existen órganos de fiscalización, control, disciplinario, etc. Así, el MININTER cuenta con Inspectoría y Tribunales Disciplinarios PNP. Lo mismo sucede en el Ministerio Público, pues además de la Junta de Fiscales Supremos, existe la Oficina de Control Interno (Superior y Suprema).
Entonces, volviendo al tema de la DIVIAC, si las declaraciones de los efectivos PNP fueron ante la Fiscalía, ¿se le tomó la declaración al señor Colchado?, ¿Pidieron su detención preliminar o prisión preventiva?, ¿Qué acciones ha tomado el señor Morán, su Jefe?.
La respuesta, dura pero evidente, es el persistente sometimiento del poder político del gobierno del señor Vizcarra en las instituciones del Estado. Ello, es preocupante porque rompe el equilibrio de poderes (Checks and balances) que debe primar en todo estado de derecho, conllevando a la indefensión en la adecuada protección de los derechos fundamentales de todos nosotros.
Afortunadamente, el riesgo país de nuestro Perú se mantiene y cerró en 0.94 puntos porcentuales según refiere JP Morgan; sin embargo, lo preocupante: “La última encuesta de Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), señala que cada año 400 mil jóvenes culminan la secundaria, solamente un 4.6% de jóvenes pertenecientes a familias de bajos recursos económicos podrán continuar estudiando. Y el 94.6% restante, se insertará en un empleo informal y precario, o pasará a ser NINI” [4]; es decir, que más de 370 mil jóvenes no podrán seguir estudiando por falta de recursos económicos.
Fernando Valdivia Correa
Abogado
Cel. 945680439
http://fernandovaldiviacorrea.blogspot.com/
http://www.linkedin.com/pub/fernando-carlos-vinicio-valdivia-correa/5a/79b/a5b
Email: fvaldiviacorrea@hotmail.com
Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional
Egresado de la Maestría en Comportamiento Organizacional y de Recursos Humanos
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