La guerra del fin del mundo

María del Pilar Tello, autora de estas líneas

¿Quién es más intolerante, el Congreso o el Presidente? La propuesta de adelanto de elecciones ya ha generado una peligrosa involución política y económica. La esperada reunión de Martín Vizcarra con Pedro Olaechea no dio resultados. Para las plateas han ofrecido que el Congreso priorizará la reforma constitucional que haga posible el adelanto de elecciones y que el Ejecutivo revertirá los graves déficits de gestión gubernamental. Ojalá así fuera pero lo que vemos está lejos de la eficiencia y del abordaje de los problemas esenciales.

No es fácil activar estas ofertas. Adelantar elecciones es complicado y en tan poco tiempo más aún. Tanto como recuperar eficiencia en la gestión sectorial y estatal. Los cientos de muertes de bebes prematuros por falta de incubadoras en diferentes partes del país denotan una crisis integral de la salud pública que se evidencia en el conocido desabastecimiento de las instituciones sanitarias, en especial en los hospitales emblemáticos de referencia como el Loayza en Lima. Grave porque la defensa del derecho a la vida está en falencia a pesar de ser la primera razón de la existencia de un Estado que cuando no puede cumplir pasa a ser fallido. Lo peor es que hay dinero pero los porcentajes de gestión presupuestal son lamentables. Sin hablar del avance de la criminalidad urbana en todo el país.

Y es que muy graves problemas han sido postergados por los poderes del Estado que no funcionan como deberían. El Ejecutivo a través del Presidente agita a la población y su propuesta de adelanto de elecciones genera incertidumbre por lo cual pierde poder e imagen. El Congreso quiere legislar de manera autónoma sin imposiciones pero pierde tiempo y oportunidad para abordar la agenda social pendiente. El Poder Judicial sin Junta Nacional de Justicia y con un Ministerio Público bajo fuego crítico completa el deterioro. Con el agravante de que ninguno de los escenarios que podrían surgir del actual bloqueo político y económico son positivos para el país.

El debate constitucional y político ocupa todo el escenario pero hay un diálogo de sordos. Ni se escuchan ni se entienden. ¿El Congreso puede aprobar una reforma que implica el recorte de los mandatos presidencial y legislativo, bajo presión de la “cuestión de confianza” del Ejecutivo?

Nadie puede decir que la aprobará ni siquiera el presidente del Congreso. Cada día el Presidente Vizcarra renueva su hostilidad contra el órgano constituyente exigiendo en sus discursos la reforma constitucional y agitando a la población para la grita por la disolución del Legislativo. Sin ánimo conciliatorio la intransigencia no llegará a nada, salvo que se centre en la defensa del orden constitucional lo que obligaría al Ejecutivo a aceptar lo que el Congreso decida con su prerrogativa de aprobar las reformas constitucionales.

¿Aprobar o no aprobar? La dilación juega en contra de Vizcarra que pierde popularidad mientras la economía se bloquea. El Congreso pone lo suyo cuando decide continuar con las investigaciones de Chinchero y CONIRSA vinculados con el Jefe de Estado. O abordar la metodología y las acciones de las encuestadoras que sostienen al presidente con sus sondeos de opinión que podrían ser manipulados.

Con razón o sin ella estas decisiones indican que la guerra continúa. La acción fiscalizadora es un recurso para golpear al contrario. El discurso presidencial también lo es.

Ya no se trata del Congreso obstruccionista al que se refirió Salvador del Solar ni del afán dominante del Ejecutivo. Si la guerra continúa podría tener reflejo en los cuarteles que son sus profesionales. Si los civiles no dan la talla la pugna irresponsable y sin salida es una provocación a los militares que también deben estar preocupados. El temor ya está en los corrillos y ha sido puesto sobre la mesa por la virulenta respuesta de Mauricio Mulder al Primer Ministro en la Comisión de Constitución. Avisados estamos. Mucho cuidado con los extremos que podemos alcanzar.