Edmer, el amigo de la construcción

“Mientras estás de viaje, contratas a Juan para que cuide tu casa. Al retornar, no encuentras a Juan y tu casa está literalmente vacía. Das cuenta de inmediato a la Policía y en cuestión de horas aprehenden a Juan, recuperando parte de lo hurtado. Treinta días después, llamas nuevamente a Juan para que continúe laborando en tu hogar, con la promesa de éste que no sustraerá nada”. En realidad, ¿volverías a contratarlo?. Edmer Trujillo nos dice que sí, que ello es posible.

Días atrás, en entrevista a Exitosa declaró: “(Si) todas las empresas del Club de la Construcción salen, te quedas sin empresas. ¿Con qué construimos? ¿Cómo construimos? ¿A quiénes traemos? ¿Quiénes vienen? También es un tema que hay que ver, que hay que tomar en cuenta… (Sic)… Si sacas al Club de la Construcción, has acabado con todas las empresas del país. Así de simple es el tema”. Raudamente, con micrófono en mano, el eremita Premier del gobierno golpista expresó: “Debemos analizarlo en el contexto que se dio. Nosotros como Poder Ejecutivo no sancionamos, no nos corresponde. Ni la parte administrativa ni mucho menos en la parte jurisdiccional, somos respetuosos de la autonomía de aquellos entes que administran justicia. En este caso tenemos ciertas limitaciones de orden normativo”, agregando “Si hay un contratista que no tienen alguna sentencia o alguna disposición administrativa de inhabilitación definitivamente puede seguir contratando pero también es cierto es que no podemos caer en generalidades, hay empresas honradas y honestas, y peruanas también”.

De acuerdo con Trujillo y Zeballos, si no permitimos que este presunto club gansteril siga contratando con el Estado -y por ende usufructuando de nuestros recursos públicos- entonces literalmente el Perú se paraliza. Esta información es totalmente inexacta. Previamente, recordar las palabras del señor Vizcarra (cuando era Presidente Constitucional): “Si queremos lograr la transparencia en toma de posiciones tenemos que tener un Congreso que se comporte a la altura de la circunstancias, un Poder Judicial que haga lo propio y un Ejecutivo y yo asumo la responsabilidad de que tenemos que luchar contra la corrupción, pero también un Ministerio Público que esté liderado por un fiscal que esté libre de dudas o cuestionamientos. Y esto no está ocurriendo con el fiscal Chávarry, hay cuestionamientos y pedimos también que haya el paso al costado” (El Comercio, 02.10.2018). Para aquel momento, Pedro Chávarry era Fiscal de la Nación y no tenía -como hasta hoy- sanción penal ni administrativa.

Siguiendo con el tema, en primer lugar, al margen de la presunta responsabilidad penal, tenemos que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a través de su Tribunal, sanciona a las personas (naturales o jurídicas, incluyéndose en esta última a Consorcios) por infracciones administrativas, cuyas sanciones van desde multa hasta inhabilitación definitiva (Artículo 50° y siguientes de la Ley de Contrataciones del Estado). Cabría preguntarle al OSCE si estas 31 empresas del mencionado club (Gestión, 13.05.2019), o quizá algunas de ellas, ya se encuentran sancionadas para seguir contratando con el Estado. En segundo término, la ejecución presupuestal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el rubro de Infraestructura Vial, ha gastado únicamente el 2.9% (PIM de casi S/ 850 millones), mientras que PROVÍAS NACIONAL, -que depende del MTC-, en el rubro de adquisición de vehículos, maquinarias y otros, ejecutó solamente el 4.7% (PIM de cerca de S/ 78 millones). En buena cuenta, ineficiencia total por parte de este precario gobierno.

Lee Kuan Yew, el célebre Primer Ministro de la floreciente Singapur, dijo “si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”. Entendámoslo bien, no solo se trata de seguir persiguiendo judicialmente (LAWFARE) a los adversarios del régimen de facto, utilizando temerariamente a la DIVIAC con la complicidad -silenciosa en algunos casos- de la Fiscalía, sino a todo aquél que hubiera subvertido el orden constitucional y legal, respetando desde luego el debido proceso y demás derechos.

En resumen, debe primar siempre los intereses del país, a los personales del señor Vizcarra y su alicaído gabinete.