La posverdad de Vizcarra

La Libertad de Expresión es un derecho fundamental que nos permite transmitir nuestras ideas hacia los demás, sea de manera pública o privada. Como todo derecho esencial, salvo la vida, es relativo, pues debe usarse respetando el derecho de los demás; vale decir, no agraviando a persona alguna. Por ello, el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, así como los particulares, debe garantizar el su irrestricto respeto, y denunciar -inclusive públicamente- cualquier atropello que menoscabe y/o restrinja el mismo. Pensar, creer o actuar en contrario, no solo es ajeno a los principios y valores consagrados en nuestra Carta Política vigente, y tratados internacionales a los cuales estamos regidos, sino que significaría lo opuesto al tránsito de una vida digna y sana en convivencia en un estado de derecho; ergo, vivir en democracia.

Bajo este preámbulo, llamó la atención el pretendido sometimiento del poder público el comentario en redes sociales de un connotado periodista. Jaime de Althaus tuiteó un meme en evidente alusión a la inopia labor del tozudo Fiscal José Domingo Pérez, quién al tomar conocimiento del tuit por terceros (el propio Pérez ha reconocido no utilizar redes sociales), reaccionó con zafiedad cuestionando la idoneidad del señor De Althaus en el cargo de Consultor en la novísima Junta Nacional de Justicia. Esta pretendida censura no pasó desapercibida, siendo rechazada por un amplio sector de la población; sin embargo, ni el gobierno, la prensa palaciega, o la Fiscal de la Nación, hicieron eco de tal afrenta.

Vizcarra adolece -entre otras cosas- de comunicación. En términos generales no gestiona, y lo poco que hace siempre es cuestionado. Por eso, su discurso monotemático y muñidor. Utiliza la tristemente conocida frase “miente, miente que algo queda”, que en buena cuenta es la posverdad. Moisés Naim nos aclara que este concepto trata de “desinformar, confundir, alarmar, distorsionar y mentir se hace más fácil, y su impacto se amplifica, gracias a las nuevas modalidades de información, que contribuyen a que creamos menos en las instituciones y más a nuestros amigos o a quienes comparten nuestras preferencias políticas” (El País, 16.02.2020).

Ahí tenemos la red de falacias durante y luego de la caída parcial del gabinete por el caso Odebrecht (cuatro ministros y un procurador, renunciados), enredados en sus opiniones el propio Vizcarra y Zeballos, al punto que la señora Montenegro atinó a decir que “en el despido de Ramírez están directamente involucrados los ministros de Energía y de Justicia” (La República, 20.02.2020).

Otros ejemplos están en la misma declaración televisiva de Vizcarra al afirmar ser Jefe de Gobierno y no de Estado, desmentido casi de inmediato por el periodista, no teniendo más que aceptar el gazapo; o el espontáneo y polémico decreto verbal de Morán de retirar la seguridad a los Congresistas, siendo refutado horas después por el mismo Vizcarra.

 Coincidimos con la periodista Mónica Delta cuando refiere que “el discurso del Gobierno debe ser sólido y equilibrado, midiendo resultados factibles” (Peru21, 20.02.2020); no obstante, esta falencia de comunicación al interior -y hacia fuera- del gobierno es única responsabilidad de Vizcarra, por lo que no puede ni debe -directa o indirectamente- pretender acallar las voces cada vez más crecientes y críticas a su vacuo régimen.