Pensando en abril próximo hacia adelante

Hasta que por fin el gobierno reaccionó ante la pandemia y nos puso en cuarentena por quince días. De acuerdo al último reporte oficial, van 117 los infectados y afortunadamente ningún fallecido que lamentar. Un mensaje a la nación del domingo último de Vizcarra en compañía del Consejo de Ministros en pleno, y la publicación del DS N° 044-2020-PCM, han sido -por el momento- necesarias para contrarrestar el avance nocivo del denominado COVID-19.

Saludamos la decisión adoptada por el ejecutivo, pues como bien reseña ABC de España “Al quedarnos en casa hasta recuperarnos por completo, en la práctica nos excluimos del grupo de infectados para pasar directamente al de los eliminados”.

Más allá de la compleja tarea abocada por el propio gobierno en contener y radicar el letal virus, está la legítima preocupación por nuestra alicaída economía. SEMANA ECONOMICA refiere “Pero también es tarea del Estado proteger y otorgar facilidades a las empresas que pertenecen a los sectores más afectados, de modo que no se agrave una situación en la que probablemente disminuirá el consumo privado, se perderán empleos y subirá el riesgo de que se rompan las cadenas de pago entre proveedores, el Estado, y las grandes empresas. Eso es algo que deberían entender quienes critican la legítima preocupación de los agentes económicos”.

Es sabido que siete de cada diez peruanos trabajan en la informalidad (sin contar a la fuerza laboral migrante en los últimos dos años), que no a todos ellos les alcanzará el subsidio ofrecido de 380 soles, ni les será suficiente para retomar sus quehaceres cotidianos, pues pasada la cuarentena habrá temor en salir a la calle y comprar productos que no sean considerados de primera necesidad (Vg. ropa).

En el plano formal, se encuentra el sector público, específicamente los gobiernos locales con un presupuesto anual proyectado de S/ 27 mil millones, en el que el 80% (o más) de sus ingresos son directamente recaudados (denominado RDR, como impuesto predial, arbitrios, multas administrativas, etc.) y el saldo otorgado por el gobierno central (Vg. FONCOMUN). Queda claro que los municipios afrontan mensualmente gastos por: servicios básicos (luz, agua, internet, telefonía, etc.); bienes (Vg. útiles de escritorio); servicios (Vg. proveedores); obras (Vg. pistas y veredas); contratación de personal (Vg. CAS, SUNAT, AFP u ONP, etc.); así como diversos adeudos de gestiones anteriores y propia (demandas por pago de beneficios sociales, incumplimiento de pactos colectivos, pensiones, entre otras). Una realidad que todas estas entidades -inclusive muchas con magros presupuestos- deben asumir, y que en estas dos semanas de emergencia dejarán de percibir.

Por ello resulta válido el cuestionamiento en las acciones a emprender por parte de Vizcarra para hacer frente a esta situación que podría tornarse caótica en los subsiguientes meses. El status quo no es una opción, pues ocasionará rotación de personal (en buena cuenta cese de trabajadores), así como incumplimientos de las obligaciones antes citadas, perjudicando al vecino (Vg. deficiencias en el recojo de basura), trabajadores (incertidumbre ante la instabilidad laboral), así como a terceros (proveedores, incluyendo al mismo Estado como la SUNAT). En suma, una inmensa bola de nieve que terminará perjudicándonos como sociedad.

Es cierto que hoy es momento de seguir colaborando con lo dispuesto por nuestras autoridades, exhortándonos a mantener la calma y conservar el buen humor, aunque también es el de pedir al gobierno asumir con responsabilidad las acciones a emprender (o empezar a hacerlo) a partir del 1 de abril hacia adelante.