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Jueves 03 de septiembre 2020

De Popi a Zeballos

Por: Fernando Valdivia Correa
De Popi a Zeballos
Foto: Difusion

En la campaña presidencial del 2001, el candidato Fernando Olivera Vega se enfrentó tenazmente a Alejandro Toledo. Cuando este último ganó las elecciones, repentinamente Olivera Vega y su agrupación política (FIM) pasaron a apoyar al gobierno a cambio de prebendas ministeriales. Así, Olivera fue designado, primero como titular de Justicia, luego embajador político en el Reino de España, y finalmente canciller. Este último cargo lo ocupó por horas ante la intempestiva renuncia del entonces Premier Carlos Ferrero y de Carlos Bruce como ministro de Vivienda.

Culminado el mandato chakano, Olivera radicó varios años en el país ibérico hasta que se presentó como candidato en la última campaña presidencial, paradójicamente compitiendo contra su otrora socio político, aunque ambos con resultados electorales literalmente para el olvido. Actualmente, el ex-mandatario se encuentra detenido en los Estados Unidos a la espera del pedido de extradición por parte de la justicia peruana quien le imputó el haber recibido US$. 30 millones como coima por la construcción de la carretera Interoceánica Sur. Preguntado por su participación en la ejecución de la mencionada obra, Olivera no solo lo negó, sino además dijo sentirse indignado y traicionado por Toledo. No pasó mucho tiempo, y “Popi” mordió la mano que le dio tanto de comer.

Recientemente, Vicente Zeballos, ex-Premier de este titiritero gobierno, ha sido designado como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos en reemplazo del embajador de carrera José Boza, quien habiendo permanecido año y medio en la OEA fue destacado a Bolivia. Un mes antes, nuestro Canciller adelantó que la designación de embajadores políticos era potestad del Presidente de la República, desconociendo el señor López Chávarry que la Ley del Servicio Diplomático refiere que esta prerrogativa presidencial se da -previamente- con el voto del Consejo de Ministros, del cual forma parte.

Apresuradamente, Vizcarra salió al frente de las justificadas críticas reconociendo su dizque profesionalismo, siendo secundado por el propio Zeballos al señalar que tal designación es potestad constitucional del primero. Irónico comentario de quien -primero como titular de justicia y luego como Primer Ministro- avalara el cierre INCONSTITUCIONAL del Parlamento.

Vizcarra sabía de antemano que sacarlo abruptamente del puesto iba a significarle un costo político. Que el agradecimiento público y pedido de acompañamiento hasta el final de su mandato no era suficiente. Emuló entonces a su entonces jefe PPK, y decidió premiarlo con un buen status y sueldo (percibirá la friolera mensual de US$. 15 mil, fuera de los gastos de instalación, residencia, entre otros), a cambio de mantenerlo alejado del cada vez más embrollado quehacer político.

Sin embargo, cuando ya no esté en el poder (esperemos que sea a partir del 28 de julio próximo), Vizcarra empezará a rendir cuentas por los presuntos delitos que vienen cometiéndose al interior del ejecutivo, y será el propio Zeballos quien primero alegará desconocer al hasta hoy su amigo, para luego deslindar todo tipo de responsabilidad, para finalmente soltar aquella frase repetida al hartazgo “eso fue decisión del Presidente”.

Esto último lo sabe Vizcarra. Y si no es así, ya está notificado.

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