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Sábado 14 de noviembre 2020

La protesta frente al Estado de Derecho

Por: Fernando Valdivia Correa
La protesta frente al Estado de Derecho
Foto: Difusion

Protestas en las calles de Lima y en algunas ciudades del interior del país, denunciando “golpe de estado” por parte del Congreso, exigiendo a su vez la renuncia del señor Manuel Merino de Lama como Presidente Constitucional de la República. Los medios periodísticos, en su mayoría afines al mitómano Vizcarra, piden escandalosamente que se respete este derecho a la población. Pero, ¿tiene asidero constitucional este reclamo?.

El Tribunal Constitucional ha sostenido que en “…… contextos de crisis, adquiere mayor relevancia el reconocimiento y garantía de la protesta con fines legítimos y en el marco de la legalidad imperante, siempre que esta última sea conforme a la Constitución, por cuanto en tal entendido dicha protesta, con tales características, constituirá una genuina expresión de la soberanía popular…..” (Expediente N° 9-2018-PI/TC, FJ 76).

Coincidimos. Nos encontramos frente a una CRISIS DE REPRESENTACIÓN desde hace varios años. A fines de marzo de 2018, PPK, traicionado por Vizcarra, y luego de haber superado una intentona de vacancia, fue forzado a renunciar. Este último, al poco tiempo de asumir el cargo, mantuvo una tensa relación con el Parlamento, acusándolo de obstruccionista y cerrándolo inconstitucionalmente el 30SET2019. Gobernó cerca de 6 meses sin control político alguno, aprovechando la coyuntura electoral para hacer campaña -nada discreta- a favor o en contra de un grupo político. Así llegamos al 26 de enero de este año, pasamos por las urnas y elegimos este Congreso. Nadie nos obligó, ni a ir a sufragar, ni a votar por algún candidato. Ocurrió lo que siempre sucede cuando hacemos las cosas apuradas: Elegimos mal. Y quizá esta no fue la excepción. Sin embargo, las 130 personas que actualmente ocupan un curul (hayamos votado por algunos de ellos/ellas o no) nos representan a TODOS los peruanos.

Y, ante los innumerables y cada vez más crecientes e incuestionables hechos de corrupción, el Primer Poder del Estado siguió -por segunda y definitiva vez- el procedimiento constitucional de vacancia, imputando la causal (incapacidad moral permanente), respetando el derecho de defensa, y obteniendo votación mayoritaria (105 de 87 como mínimo); decisión que fue aceptada por Vizcarra y su agónico gabinete, asumiendo al día siguiente el señor Merino. No existió tal golpe.

También se repite la frase “Merino no me representa”. Como hemos señalado, vivimos en una democracia representativa, y la sucesión presidencial se dio conforme a la Ley de Leyes. Es entendible el malestar de cierto sector de la población. Hartos, no de sus políticos, sino del mendaz gobernante que dirigió al país en los últimos dos años y ochos meses. A punta de experimentos sin sentido, perdimos más de 1.5 millones empleos, despilfarrando el erario público (p.e. compra de pruebas rápidas en vez de las moleculares), manteniendo el innecesario toque de queda (de 23:00 horas a 4:00 del día siguiente), así como la prohibición de circular con auto particular los domingos, y que los niños menores de 12 años salgan a la calle.

Más aún, el Poder Judicial acaba de dictarle impedimento de salida del país por 18 meses por el delito de corrupción cuando era GORE Moquegua. Y esto que la Fiscalía aun simpatiza (siendo bondadoso con el término) con el ex-precario. No obstante, ha dejado entrever que participará como candidato al Congreso, garantizándose TOTAL IMPUNIDAD, pues sabe que pronto empezarán las investigaciones fiscales sobre las millonarias compras durante su mandato y es de seguro que más de una lamentable sorpresa nos llevaremos.

Pensar que sacando del poder a Merino y restableciendo a Vizcarra todo volverá a ser “color de rosa” como antes, o creer que el TC se pronunciará por la reposición en el cargo del felón que nos gobernó, es una quimera. Hay razón cuando se afirma que ningún gobernante es impoluto. Y probablemente el señor Merino no sea la excepción. Solo el tiempo lo dirá. Pero, la presencia de Vizcarra en Palacio de Gobierno era cada vez más insostenible y cuanto más tiempo transcurría generaba mayor inestabilidad política de cara a las elecciones generales; es decir, no garantizaba neutralidad para los próximos comicios.

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