Retroceder siempre, rendirse también

En su bucólico mensaje a la nación de asunción de mando, Sagasti prometió ser un gobierno de transición de cara a las próximas elecciones generales del 11 de abril, y su primera medida (si así podemos denominarla) fue descabezar de facto a nuestra benemérita Policía Nacional del Perú pasando al retiro a 18 Generales, incluyendo al entonces Comandante General Orlando Velazco recién recuperado del Covid-19. Con el pasar de los días, el propio Sagasti declaró destempladamente que “por primera vez en la historia de la Policía ningún Ministro, nadie interfirió en la decisión que tomó la Comisión de Ascensos”, en alusión al proceso de nombramiento de 18 Generales. Tremebunda enunciación pues no solo dio a entender lo impoluto de lo decidido por su gestión, sino que además en el pasado (incluyendo al gobierno del vacado Vizcarra) hubo -por decirlo menos- otorgamiento de prebendas. Y, como parte de su agenda de transición, que incluye una reforma integral en la PNP, acaba de pasar al retiro por la causal de renovación a 57 Coroneles, 58 Comandantes y 30 Mayores PNP. De acuerdo al precedente Callegari (STC N° 90-2004-AA/TC), cuando esta causal no se encuentra debidamente motivada da lugar a la nulidad de la resolución de pase a retiro y consecuentemente a la reposición en el cargo. Ya los ex-generales han interpuesto procesos de amparo y no es de extrañar que los recién defenestrados oficiales hagan lo mismo, cuyos resultados podríamos avizorar. Factura que acabará pagándola el gobierno entrante.

Paralelamente, ante el asonado bloqueo de carreteras en el norte y sur del país, el gobierno instó al parlamento a discutir y aprobar la ley agraria. Cuando eso ocurrió, presuroso la criticó diciendo que la misma “no satisface a ninguna de las partes involucradas”, aunque luego la rubricó y mandó a publicarla en El Peruano. Para contener a la mesa enardecida prometió convocar al tan mentado foro del Acuerdo Nacional y establecer mesas de negociación. En apariencia, situación normalizada con vías recuperadas, aunque como suele ocurrir en hechos de violencia, hubo muertos. De inmediato, el timorato José Elice puso su cabeza literalmente en “bandeja de plata”, asumiendo su responsabilidad política por los fallecidos. Su jefa, la Premier, coincidió con Elice pero precisando que el propio ministro NO autorizó el uso de armas de fuego. Aquí dos interrogantes, ¿cuándo un ministro/a asume su responsabilidad política, no debería renunciar y la misma ser aceptada de inmediato por el Presidente?; y, ¿puede un ministro enviar a un contingente policial frente a una bravuconada turba y prohibirles el uso reglamentario de su arma?. Pero Violeta Bermúdez fue más allá al afirmar que el suboficial PNP Víctor Bueno Alva, acusado de disparar contra los manifestantes agrarios en La Libertad, incurrió en un delito y por eso fue detenido. Inaudito, pues la Premier imputa temerariamente un hecho que aún se encuentra en investigación (fiscalía); es decir, no hay juzgamiento y menos sentencia. Esta irreflexiva aseveración pone en grave riesgo la integridad de este efectivo policial.

Mientras, nuestro país cerró el año pasado con una caída del PBI del 12,9% convirtiéndonos así en una de las economías más golpeadas de la región (BBC Mundo, 22 de diciembre de 2020). Esto en consonancia con lo anunciado días antes por la agencia de calificación de crédito Fitch Ratings que cambió la perspectiva sobre nuestro país de estable a negativo. Desde luego, exministros que formaron parte del gobierno precario ex-inquilino de Palacio de gobierno como María Antonieta Alva y David Tuesta culparon de esta magra situación, claro que sí, al Parlamento.

Más allá de retrocesos y rendiciones, Sagasti pertenece a esa generación progre que en los últimos 20 años acompañó a los gobiernos de Toledo, Humala, PPK y Vizcarra, en algún ministerio u organismo adscrito, a través de jugosas consultorías, importando modelos que funcionaron (si es que lo hicieron) en otras latitudes hemisféricas. Hoy que le ha tocado ser gobierno no tiene la menor idea de lo que es gestión pública.

El problema de siempre de la caviarada es pretender imponer ideas, criticar las ajenas, pero paupérrima en aterrizar las mismas. No importa si en el camino se destruye propiedad pública o privada o pierde la vida algún inocente, incluyendo a un valeroso efectivo policial.