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Martes 24 de agosto 2021

No fue uno, ni fueron dos, sino doce

Por: Fernando Valdivia Correa
No fue uno, ni fueron dos, sino doce
Foto: Difusion

El pasado domingo, el programa político Panorama, citando como fuente al Consejo Privado Anticorrupción, informó que doce de los diecinueve ministros cuentan con denuncias y/o procesos judiciales, entre ellos Víctor Mayta (Agricultura y Riego) por usurpación agravada, y contra la seguridad pública; Roberto Sánchez (Comercio Exterior) por falsedad ideológica; e Íber Maraví (Trabajo) por robo agravado con crueldad, secuestro, apología al terrorismo y terrorismo. Este último, días atrás dio una improvisada conferencia de prensa en la que negó pertenecer al CONARE-SUTEP, conminando a los medios de comunicación que presenten pruebas de su vinculación. Así fue, y precisamente el citado dominical difundió un video donde se le ve participando activamente en la juramentación sindical del organismo de fachada del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso, además de contar con una sentencia de cuatro años por haber cometido el delito contra la tranquilidad pública.

A escasos días de la presentación del mortecino gabinete en el Parlamento para obtener el voto de investidura, son cada vez más los cuestionamientos que se hacen a los titulares de las carteras ministeriales. Y no se trata de simple faltas administrativas, sino de delitos complejos cuyo agraviado -en la mayoría de los casos- es el estado peruano; es decir, todos nosotros.

A todo esto ¿debería sorprendernos la designación de estos controvertidos personajes en los más altos cargos en el Poder Ejecutivo?. Adecuando el refrán señalaríamos “dime con quién andas y te diré de que delito estás imputado”, por lo que para responder a esta interrogante empecemos por la cabeza; vale decir, el número 1, el señor presidente de la República. Como ya es ampliamente conocido, Pedro Castillo saltó a la palestra hace cuatro años como líder del CONARE-SUTEP encabezando una prolongada huelga magisterial que literalmente puso en jaque al gobierno de turno, paralizando el servicio educativo por cerca de dos meses. Buscó, dentro de esa plataforma de lucha, que los docentes que no aprobasen las pruebas de rendimiento no fueran defenestrados del magisterio; ergo, atentando contra la meritocracia. Perteneció (y desde luego que sigue haciéndolo) al ala más radical del SUTEP. De ahí en adelante, con licencia sindical de por medio, ha continuado con sus marchas y más marchas, hasta que la “divina providencia” se le cruzó en el camino y apareció en su vida el condenado por corrupción Vladimir Cerrón, convirtiéndose así este último en el padre político del actual mandatario.

En buen romance, Castillo Terrones, hasta antes de acceder a la primera magistratura del país, tuvo como oficio: EXTREMISTA. Se entiende por ello que su círculo íntimo (no conoce ni quiere conocer otro) esté compuesto -en su mayoría y por ahí salvo alguna honrosa excepción- por radicales.

Así, aparecen juntos (y revueltos) Castillo y Cerrón. Dicen que el primero busca desmarcarse del segundo. Podría ser, aunque cada día que transcurre, hay más dudas. Son como la tapa a la olla. Un buen complemento. Se necesitan mutuamente, pues Cerrón es un político de viejas -y malas- costumbres, algo de lo que ciertamente adolece el inquilino de Palacio de Gobierno.

Hacen como que están distanciados. Ejemplo de ello fue el apoyo decidido del ex-gobernador de Junín a la designación y continuidad de Béjar en la Cancillería. Ante la inminente salida del amnistiado guerrillero, y el relevo por parte de Oscar Maurtua, un solícito camarada Bermejo presuroso dijo a manera de pregunta si esto “era una broma de mal gusto”, siendo secundado casi de inmediato por Cerrón, quien indicó que “no representa el sentir de Perú Libre”.

No está demás recalcar que para convocar a un(a) ciudadano(a) para que asuma un cargo público (máxime si es como ministro de Estado) debe tener IDONEIDAD. Sobre este punto, la RAE la define como “apropiado para alguien o algo”; esto es, no basta que la persona tenga el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, o de defensa, sino que además la misma debe tener cualidades personales que le permitan superar cualquier tacha o cuestionamiento en su quehacer cotidiano.

Desafortunadamente, no ha sido uno, ni fueron dos, sino una docena de ministros envueltos en serios problemas legales, y esto que el gobierno ni siquiera cumple un mes en funciones.

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