Pies descalzos

Hace cerca de una semana, el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en reunión sostenida con las alcaldesas del país, anunció la creación de un organismo encargado de supervisar el uso de los presupuestos asignados en el sector público. Previamente, a fines de agosto pasado, el propio Castillo Terrones, en visita a la localidad de Mazamari, Junín, retó a los Congresistas ir al VRAEM a debatir sobre la gran crisis y problemas del país, agregando la frase “y vamos a ir sin zapatos”, esto como respuesta a las múltiples solicitudes de cambios ministeriales.

Está claro que la honda preocupación del actual mandatario es la corrupción, o mejor dicho la lucha frontal contra la misma. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones lo importante es quién y cómo se combate esta lacra que nos persigue por lo menos desde los orígenes de nuestra república.

De un lado, tenemos que la fiscalización y control de los bienes y recursos del estado peruano está asignada constitucionalmente a la Contraloría General de la República, cuyas funciones son las de “…prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación” (Ley Orgánica de CGR N° 27785, Art. 2°). Dicho esto, el Contralor Nelson Shack dio respuesta a la propuesta del presidente en el sentido que “…..(Sic)…va a significar más burocracia, más problemas de coordinación, dispendio de recursos públicos y, sobre todo, va a generar una confusión en la ciudadanía y podría debilitar todos los esfuerzos que venimos haciendo en la lucha contra la corrupción”. A esto añadir que en el pasado tuvimos marradas experiencias similares como la creación del ZAR ANTICORRUPCIÓN que para lo único que sirvió fue para seguir llenando las planillas del Estado.

Y, de otro lado, está el cumplimiento de requisitos mínimos para acceder a un cargo en la administración pública. Esto se conoce como el PERFIL DEL PUESTO, entendiéndose que mientras más alto sea el cargo a desempeñar, mayor será la responsabilidad, y por ende habrá mayor rigurosidad en la designación. En el presente caso, son dos -cuando menos- los ministros ampliamente cuestionados. El primero, harto conocido es el señor Iber Maraví, titular de la cartera de Trabajo, sin experiencia alguna en la gestión pública, y menos en puestos de dirección o de confianza (Director y/o Gerente, o Asesor), amén de estar sindicado en sendos atestados policiales de inicios de los años 80 como integrante del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso. Aunado a lo anterior, expresamente el Premier Bellido le exigió su renuncia, escudándose el exiguo ministro en “haber puesto el cargo a disposición” del presidente, mellándose la investidura que ostenta el señor Bellido. La reacción política no pasó desapercibida, y ya la mayoría de las bancadas parlamentarias -a excepción del oficialismo- adelantaron estar a favor de la interpelación del camarada Bonifacio, y muy probablemente también por la censura. Y, el segundo es Juan Carrasco Millones en el sector Interior. Ni bien fue designado como ministro (30 de julio), adujo haber presentado licencia sin goce de haberes como Fiscal Provincial Titular Anticorrupción de Lambayeque, siendo inmediatamente criticado por no haber renunciado, por lo que no tuvo opción que hacerlo, la cual fue aceptada por la Junta de Fiscales Supremos con eficacia anticipada al 2 de agosto; es decir, el señor Carrasco Millones durante DOS días consecutivos fue FISCAL y MINISTRO, a todas luces incompatible entre sí. Y, por si no fuera suficiente hay en curso una investigación en su contra en Control Interno del Ministerio Público, cuyo resultado probablemente recomiende una sanción al ex-magistrado.

En el reciente mensaje a la nación, el Presidente se limitó a señalar que su gabinete está en “evaluación constante”. Positivo pero no suficiente, pues debe entender -más cuando recién está estrenándose- que necesitamos estabilidad política, y eso solo se logra cuando la ciudadanía confía en sus autoridades, y esto último ocurre cuando -por lo menos- los altos funcionarios del gobierno estén debidamente preparados. Puede haber cuestionamientos, es un hecho toda vez que somos seres humanos, y como tales proclives al error. Pero tales yerros no deben ser considerados a la imputación de delitos lesivos a la sociedad como el terrorismo, o infantilidades en la presentación de la renuncia al cargo. Más que un debate a pies descalzo, urge que el señor Castillo corrija el dislate y designe nuevos ministros, en aras de la gobernabilidad y tranquilidad que tanto requiere el país.