Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
Escucho decir a un congresista que ha presentado un proyecto de ley en el cual se establecen mayores sanciones para los funcionarios corruptos. Con toda seriedad –y sin duda con convicción- el legislador considera que con ese dispositivo suyo, junto a otras iniciativas similares, se logrará vencer esta lacra social.
Más allá de tan honorable voluntad surgen preguntas inevitables: ¿en verdad las sanciones logran disuadir a quienes buscan un beneficio ilícitamente? ¿son insuficientes todas las normas y las entidades que ya existen? ¿y qué se puede hacer cuando la corrupción ya ha atrapado a algunos que están encargados de combatirla y sancionarla? Preguntaba un viejo Maestro: ¿y quién moraliza a los moralizadores?
Como sociedad no nos faltan organismos y funciones destinadas a impedir el aprovechamiento. Somos una sociedad “sancionalista”. Hay “órganos de control” en todas las instituciones del Estado y toda una estructura con esa finalidad. Y hay normatividad tan prolija que, cuando hay dudas, logra inhibir a la burocracia de tomar decisiones por miedo a usar su criterio y luego recibir sanciones. Sin duda con la mejor intención, muchas normas existen “para impedir que…”.
En el ABC de la pedagogía clásica está la dualidad “premio y castigo” como la más elemental para fortalecer o desterrar comportamientos. Lo que se debe conseguir, en los ya más amplios ámbitos sociales, es equilibrar el “sancionalismo” con mecanismos de prestigio a los actos ciudadanos limpios y eficaces, de modo tal que actuar honestamente sea no sólo normal y satisfactorio, sino reconocido socialmente.
Así tal vez los mejores se animen a liderar nuestra sociedad.
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