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Jueves 14 de julio 2022

La agenda agraria necesaria

Por: Mg Franz Portugal Bernedo (*)
La agenda agraria necesaria
Foto: Difusión

Los problemas de la agricultura en el Perú se vienen arrastrando durante varios gobiernos por una incomprensión de la naturaleza del ciclo económico de este sector. Para que se dé un desarrollo agrario sostenible es necesario que los cinco factores que intervienen en este proceso tienen que estar necesariamente articulados, organizados y controlados por los productores agrarios. Estos son: el recurso tierra, el recurso humano, el financiamiento, la tecnología y el mercado.

Todos estos factores existen en el país. Tenemos tierra y agricultores, pero no se tiene el manejo adecuado ni del mercado, la tecnología ni el financiamiento. El problema es que cada uno de estos factores están dispersos o con débiles articulaciones. La respuesta del Estado frente a ello es parcial o dispersa también lo que impide que la producción agraria sea rentables y sostenida.

El MIDAGRI afirma que la actividad agraria se caracteriza por el desorden en la producción y la disminución de su rentabilidad y competitividad. Asimismo, los procesos de post cosecha y de mercadeo están sumamente desordenados por la falta de una infraestructura vial adecuada y la ausencia de un sistema de mercados mayoristas, lo cual incide en los altos costos de comercialización que afectan a los productores agrarios. Hay siete eslabones de comercialización en donde los que pierden son los productores.

Por otro lado, señalan que la agricultura peruana constituye una economía de parceleros en la cual el 85% de los agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas predominando las unidades productivas con un área entre 3 y 10 hectáreas (33%). Asimismo, existen 5.7 millones de predios rurales de los cuales figuran inscritos en registro públicos solamente un tercio (1.9 millones). Lo más grave es que el minifundio sigue creciendo.

También se informa que la agricultura emplea al 26% de la PEA Nacional y al 65.5% de la PEA del área rural. Se precisa que, en contraste con su capacidad de generar empleo, es uno de los sectores con menor productividad de mano de obra debido al bajo nivel educativo de la fuerza laboral en el ámbito rural.

Por otro lado, en julio del año 2021 se aprobó la Política Nacional Agraria 2021 – 2030 (PNA) mediante Decreto Supremo. Aprobado dicho documento se supone que el gobierno debió formular el Plan Nacional de Desarrollo Agrario 2022-2026, sin embargo, hasta la fecha dicho plan no existe. El Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 – 2021, obviamente caducó el año pasado y hasta la fecha el gobierno tampoco al formulado el correspondiente plan 2022-2026.

En octubre del 2021 se aprobó mediante Decreto Supremo la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, el cual estableció en su Eje 2: Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural., por la cual se planteó promover el desarrollo agrario y rural. Se establecieron cinco líneas de intervención de la política: 1) Sentar las bases de una segunda reforma agraria para la inclusión, otorgando acceso a más de dos millones de productores agrarios a servicios de extensión, capacitación, asistencia técnica y crédito, promoviendo la asociatividad y el cooperativismo. 2) Promover la seguridad hídrica en el agro, con siembra y cosecha de agua e inversión en sistemas de riego modernos y tecnificados, con sistemas de gestión sostenible del agua para el uso productivo, social y ambiental, articulado y complementado con otras infraestructuras económicas. 3) Impulsar la industrialización rural y la transformación productiva del campo, con mejor conectividad y planes de negocios para generar mayor valor agregado en los productos agropecuarios y forestales. 4) Desarrollar una banca de fomento agrario al servicio de la agricultura familiar, comunera y cooperativa en el país. 5) Promover el desarrollo ganadero y de camélidos sudamericanos, con mejoramiento genético y de pastos, con adecuada gestión de los recursos naturales.

Es decir, existe una política agraria que los sucesivos ministros de Desarrollo Agrario y Riego han sido incapaces de cumplir. Mejor, han sido incapaces de gestionar una política agraria en el país. Sin una orientación política se han dedicado a administra la crisis del sector y a llenar la alta dirección del ministerio con gente no idónea para el cargo empeorando la situación.

El anterior ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, anunció que se invertirían S/ 1,897 millones en la implementación de la segunda reforma agraria conforme la Ley de Presupuesto Público del ejercicio fiscal del 2022. Además, se reglamentarían importantes normas para consolidar la segunda reforma agraria, como son las leyes N° 31315, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como la ley N°31335 de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores en cooperativas agrarias. Así como la Ley 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores Agropecuarios.

Por otro lado, el gobierno ha creado la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal denominada “Comisión de Alto Nivel para la atención de la crisis de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Lo conforman 8 ministerios, no están los representantes de los productores agrarios, aunque se dice que podrían ser invitados. El resultado es que ni la segunda reforma agraria ni la comisión multisectorial funcionan frente a la grave situación del agro.

Para gestionar el sector agrario se requiere la participación de los gremios agrarios y de los gobiernos regionales que tienen funciones descentralizadas que su gestión están divorciadas de las política nacional agraria. Esto ocurre porque los ministros creen que pueden gestionar el sector desde Lima. Ocurre que el ministro no se reúne con los gobernadores y las direcciones regionales agrarias correspondiente para la ejecución de la política nacional agraria y de los recursos presupuestales que le otorga la ley. No hay alineamiento ni de políticas ni de planes.

El articulo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece 17 funciones en materia agraria a los gobiernos regionales. Todos piensan, por la cultura centralista, que el único responsable del sector agrario es el ministro. El problema es que el ministro no gobierna con sus pares sectoriales regionales lo que impide ejecutar eficazmente las políticas y planes nacionales. Nunca se reúne con los responsables regionales. Más aún, les hace paralelismo a los gobiernos regionales mediante sus oficinas “desconcentradas” que manejan recursos y personal, una nueva modalidad de centralismo. Es decir, no funcionan las relaciones intergubernamentales por lo que cualquier política agraria o plan tiende al fracaso por muy bonita que este formulada. Es papel mojado en tinta.

Finalmente, el otro problema son los gremios agrarios, que si bien es cierto han logrado centralizarse en CONVEAGRO para ser interlocutores válidos frente a los gobiernos y canalizar sus demandas, solo se han quedado en ese nivel. Es necesario que los gremios agrarios pasen a la etapa de formar grandes corporaciones empresariales para la gestión y control de los cinco factores del círculo virtuoso del desarrollo agrario que planteamos al inicio de este artículo. Las grandes empresas agroexportadoras que existen en el país controlan los cinco factores con mucho éxito, así que no es nada nuevo lo que propongo. Los gremios agrarios tienen la capacidad y recursos y pueden multiplicar su capacidad de palanquear recursos adicionales.

Solo los productores agrarios organizados pueden efectivamente resolver los problemas del agro nacional. El gobierno tiene que actuar como facilitador de este proceso y ejecutar con mayor eficiencia los recursos presupuestales y dejar de ser bomberos de los incendios que producen los factores externos e internos.

(*) Sociólogo, profesor de la UNMSM, presidente del Instituto Gobernancia y director del programa de radio PERÚ 2030. 

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