Crisis en las alturas y gobernabilidad

En el marco de la visita del Grupo de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tanto el gobierno como el bloque parlamentario de la derecha, que tienen mayoría relativa en el Congreso, se esforzaron en mostrar su buen comportamiento democrático y que solo estaban cumpliendo con sus atribuciones que la Constitución y la ley les otorga. Nada más.

Sin embargo, los hechos muestran todo lo contrario. Hay un agravamiento de la crisis política en el país por los últimos acontecimientos protagonizados por el gobierno y el bloque parlamentario de la derecha en la que juegan también la Fiscalía de la Nación, EL Poder Judicial, el TC y la OEA. El fondo del asunto no es como dicen los protagonistas de la denominada confrontación política que se resumen en que “no me dejan gobernar” y “solo estamos cumpliendo con nuestro deber de fiscalización”.

Estos son los hechos:

Primer acto, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus interpuesto por la defensa legal del presidente Pedro Castillo contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República y dispone la anulación del proceso por traición a la patria que se sigue en el Parlamento.

Segundo acto, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31399, materia sobre el cual el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, había planteado una cuestión de confianza.

Tercer acto, el Poder Judicial rechaza un recurso presentado por la defensa del presidente de la República para anular las investigaciones preparatorias, por lo que continuará siendo investigado por la Fiscalía de la Nación durante el ejercicio de sus funciones por la presunta comisión de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Cuarto acto, el presidente del Congreso, José Williams, anunció que el acuerdo de la Mesa Directiva sobre la cuestión de confianza planteada por el jefe del gabinete, Aníbal Torres, es rechazarla de plano “por tratarse de materias prohibidas”.

Quinto acto, el premier Aníbal Torres presentó el jueves su carta de renuncia ante el presidente Pedro Castillo luego de que la mesa directiva del Congreso de Perú rechazara “de plano” el planteamiento de una cuestión de confianza que presentó la semana pasada.

Sexto acto, la Comisión Permanente aprueba con 19 votos a favor la denuncia presentada por la Fiscal de la Nación que sindica al jefe de Estado como presunto líder de una organización criminal que operaría desde Palacio de Gobierno.

Séptimo acto, el presidente pronuncia un mensaje a la nación luego que el Congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros y anuncia la aceptación de la renuncia del premier y que renovará el gabinete.

Octavo acto, el presidente juramenta al nuevo presidente del Consejo de Ministros Betssy Chávez y al nuevo gabinete.

Novenos acto, el Congreso sesiona de urgencia el sábado y aprueba con 98 votos a favor autorizar al presidente del Congreso la interposición de una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo, por el ejercicio de la cuestión de confianza en contravención de la Constitución y las leyes.

Décimo acto, el Poder Judicial con otros organismos constitucionales convocan al Consejo de Estado para el domingo, pero ni el presidente del Congreso y ni el presidente de la República asistieron, es decir, no hay diálogo posible.

Décimo primer acto, este lunes se presentó la tercera moción de vacancia (102 pp.) elaborada por el congresista Málaga, aunque sin las 87 firmas que anunció, solo logró conseguir 67 firmas. Asimismo, la congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional por la infracción de los artículos 38,39, 118.1 y 133 de la Constitución al haber aprobado, el Consejo de Ministros, una acta que interpreta la primera denegatoria de cuestión de confianza del Congreso.

Estos son los hechos de una disputa por el poder que configuran la situación actual de la crisis política, que como dice Sinesio López, empezó el 2016 cuando Keiko Fujimori se negó a aceptar la derrota electoral.

En primer lugar, asistimos a un escenario de grave crisis de representación política que produce una gran desconfianza política, el 87% de peruanos quieren que se vayan todos según la última encuesta del IEP. En segundo lugar, existe una creciente descomposición de la clase política, el transfuguismo se ha normalizado y la corrupción y lobys hace presa de los políticos tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales y locales. En tercer lugar, los conflictos sociales crecen y algunos de ellos como los mineros se ha convertido en permanentes. En cuarto lugar, asistimos al deterioro de la gestión pública por la falta de idoneidad de los funcionarios públicos que el gobierno designa, su alta rotación y corrupción. En quinto lugar, hay un proceso de movilización popular, en particular de los transportistas y agricultores que enfrenta graves problemas por la subida de los combustibles y fertilizantes.

La pregunta es ¿cuál es el origen de la disputa entre un sector mayoritario del parlamento contra el gobierno de Pedro Castillo desde el inicio de su gobierno o mejor diríamos desde que ganó las elecciones? La respuesta es que no ganó el candidato de la extrema derecha sino uno supuestamente de la izquierda.

Según la extrema derecha el gobierno de Pedro Castillo nos llevaría hacia un gobierno comunista cubano o chavista. Ello no sucedió. Muy por el contrario, el gobierno de Castillo ha demostrado que es incapaz de hacer la mínima reforma para cambiar el país. Lo que está haciendo es gobernar sobre lo establecido e inclusive lo hace mal.

Uno de los problemas de la extrema derecha y los grupos de poder económico que están detrás de ellos, es que no tienen un gobierno que puedan controlar directamente, poner y sacar los ministros que les acomode. En consecuencia, la única salida es la vacancia presidencia a como dé lugar. El gobierno de Castillo es un estorbo para sus fines. Eso es todo el asunto de la crisis política para ellos. Eliminado Castillo todo volvería a la “normalidad”, es decir, hacerse del control del gobierno.

Hay, pues, una clara voluntad golpista de la derecha. El problema es que no le alcanzan los votos. Es, además una derecha atomizada, desunida como lo reconocen. “El miércoles conversé con estudiantes e integrantes de Students for Liberty en Iquitos. Hablamos mucho sobre cómo fortalecer la derecha…” (Twitter de la congresista Adriana Tudela, 28/10/22). Aunque han sido hábiles para lograr atraer el centro político hasta desaparecerlo. Por el lado de la izquierda sucede la misma desunión, en ambos casos sus bancadas se han ido desmoronando. Agreguemos que la calidad de los congresistas deja mucho que desear.

La crisis política en el país pareciera en cada momento que estaría tocando fondo, pero nunca llega al fondo. Asistimos a lo que llamamos en artículo anterior la crisis de representación política y la descomposición de la clase política que tiene como correlato la crisis política.

La pregunta es ¿qué tipo de crisis política hay en el país? En principio no es una crisis episódica como se entiende en ciencia política, es decir momentánea y se resuelve para pasar a la normalidad. Es una crisis estructural, es decir, no se va a resolver en el corto tiempo, así se vayan todos y se convoquen a nuevas elecciones, es una crisis de larga duración, desde mi punto de vista.

La alternativa de que se vayan todos requieren, primero reformas políticas para no repetir más de los mismo, segundo constituir un gobierno de transición que implica una acuerdo nacional.

Respecto de que se vayan todos la resistencia principal es el Congreso, nadie quiere irse. En la última sesión de la Comisión de Constitución del Congreso se puso en debate el dictamen que plantea el adelanto de elecciones generales tras el recorte del gobierno de Pedro Castillo y de los legisladores en julio del 2023, la sesión terminó sin acuerdos y pasó a cuarto intermedio el debate del dictamen.

Respecto de las reformas políticas necesarias hay la propuesta de la 7 reformas que plantea la Coalición Ciudadana, aunque requiere de precisiones y hay algunos vacíos. Lo importante es que ya hay un primer avance concreto. Obviamente este parlamento no quiere estas reformas, por lo que la Coalición Ciudadana va por la vía de la recolección de firmas.

El objetivo principal de una reforma política, como lo hemos señalado, debe ser superar la crisis de representación política mediante el fortalecimiento de los partidos políticos porque ello permitirá el fortalecimiento de nuestra democracia y de la institucionalidad del país. De allí que es de suma importancia la necesidad de una reforma política en esta dirección.

Respecto de propuestas de un gobierno de transición, implica en primer lugar tener una plataforma política de acuerdo nacional sobre los principales problemas que requiere la solución de la crisis que oriente este proceso. Si bien el Acuerdo Nacional debería ser el canal adecuado pero esta instancia este ha perdido su capacidad de convocatoria que exige las circunstancias nacionales. Al margen de ello es necesaria formular dicha propuesta de acuerdo nacional para un gobierno de transición. En según lugar, definir la naturaleza de ese gobierno de transición. Las propuestas y el debate están abiertas.

(*) Sociólogo, profesor de la UNMSM, presidente del Instituto Gobernancia y director del programa de radio PERÚ 2030.