Chavismo sin escrúpulos

El título es en realidad redundante en el sentido que el “chavismo” en sí no tiene escrúpulos en su estrategia de controlar las principales instituciones del poder estatal. Pero la paradoja en el Perú es que la coalición de extrema derecha parlamentaria, que se opuso a la elección y gobierno de Pedro Castillo, sostenía que se quería imponer en el país el modelo chavista venezolano, está haciendo ahora lo que criticaba.

Finalmente, Pedro Castillo no impuso ningún régimen chavista en el Perú, creo que ni sabía que era eso. Fue un fracaso como gobernante y como golpista, además, la corrupción lo carcomío hasta los huesos. Fue un sindicalista básico, como lo tildó uno de sus compinches, un fraude en la izquierda, un espejismo político que engaño a quienes lo apoyaron y votaron por él. No hubo gobierno de izquierda ni ningún cambio. Fue más de lo mismo, copar el gobierno con incondicionales e ineptos.

El caso es que dicha coalición de la extrema derecha está haciendo justamente lo que veía como peligro político para el país y los defensores de esta narrativa como, por ejemplo, Mario Vargas Llosa y otros políticos y abogados venidos a menos como Lourdes Flores o Jorge del Castillo y otros que se subieron al carro de esta narrativa del peligro chavista, hoy están mudos o diríamos muy contentos con el nuevo chavismo peruano.

La estrategia legislativa y política del parlamento ha sido debilitar a las instituciones que le puedan hacer contrapeso político que empezó con normas para debilitar al Poder Ejecutivo impidiendo que este los pueda disolver (ley que regula la cuestión de confianza y limita a políticas de gobierno) y luego continuo con las demás instituciones como es el TC, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y ahora van por la JNJ, los organismos electorales, todo ello para preparar el terreno favorable para las elecciones generales del 2026.

Inmediatamente se juramentó el nuevo TC emitió una sentencia por la cual se estableció que los actos del Congreso no pueden controlados judicialmente, es decir, eliminó un contrapeso importante. En esa misma sentencia exhortaba al Congreso a incluir a los organismos electorales sujetos a juicio político. Algo inaceptable ya que viola la autonomía que deben gozar los organismos electorales. Un TC recomendando la vendetta política de los perdedores de las elecciones, ni más ni menos.

Descrédito y debilidad del gobierno

Ello en un contexto político post toma de Lima, que muestra un claro repliegue del movimiento de protesta ciudadana mas no una derrota pese a la represión a sangre y bala que desplegó el gobierno. Los ministros que visitan algunas regiones siguen siendo abucheados y rechazados por la población.

Las encuestas siguen mostrado el rechazo del parlamento (IEP 6% de aprobación) y sus partidos y del gobierno de Dina Boluarte (IEP 15% de aprobación), pese a la represión está latente la oposición mayoritaria de la población que en cualquier momento volverán a la lucha directa. Agreguemos el descrédito internacional productos de los tres informes sobre la violación a los derechos humanos por el gobierno y las fuerzas del orden presentados por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Ya la polarización política ya no existe en el parlamento. La repartija y los proyectos de ley a la carta (lobys) es el pan de cada día. La mayoría de los congresistas saben que nunca más volverán al parlamento y tienen claro que deben aprovechar al máximo mientras puedan. Esta necesidad prioritaria es bien administrada por el bloque parlamentario que ha logrado construir el fujimorismo que es la dirección política del gobierno en base a su aparato político que tiene una larga experiencia acumulada. Algo que los demás grupos parlamentarios carecen.

El enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo ya no hay. Hoy tenemos una reciprocidad de intereses. Una colaboración política en donde la dirección viene del parlamento hacia el gobierno. No hay censuras ministeriales o de gabinetes. No proceden acusaciones constitucionales contra el gobierno. No existe equilibrio de poderes. Los contrapesos han sido anulados.

Las tareas en la coyuntura

Estamos frente a un régimen autoritario o una democradura, como propone Pierre Rosanvallon en donde desaparecen los poderes autónomos y avanza peligrosamente hacia una dictadura. Sinesio López dice que estamos frente a un “parlamentarismos con vocación totalitaria”. ¿Cuáles son la tareas de los sectores democráticos del país frente a esta situación?

En primer lugar, está la defensa del Estado de Derecho y de la democracia plena, no solo electoral, para lo cual es necesario la coordinación y articulación de los partidos y movimientos democráticos, de las organizaciones sociales que se han enfrentado al gobierno.

En segundo lugar, mantener y articular la lucha por renuncia Dina Boluarte y se convoquen a elecciones generales.

En tercer lugar, la defensa de los derechos humanos, del derecho político de la protesta y de justicia para los asesinados por el gobierno.

En cuarto lugar, la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como impedir que el poder político de turno controle la administración de justicia como se pretende.

Esta semana en “Hildebrandt en sus trece”, se publica los documentos que muestran que la brutal represión y las muertes de ciudadanos fue una orden del más alto nivel. Los documentos clasificados publicados muestran que el alto mando de la policía planificó acciones bajo el lineamiento político que esta combatiendo a “fuerzas adversas” infiltradas por supuestos “delincuentes terroristas”. Era lógico que tanto la policía como los militares salieron a reprimir pensando que estaban peleando con terroristas, lo que explica los disparos al cuerpo. Como prueba están las declaraciones públicas de la presidenta Boluarte con la misma narrativa o el video que grabó un policía en la toma de San Marcos y difundido por TikTok, en donde afirma que se le había dado un duro golpe al terrorismo.

Estrategia para el 2026

El adelanto de elecciones generales ha sido bloqueado por el Ejecutivo y Legislativo, hay un blindaje en el parlamento a cualquier iniciativa que rompa el equilibrio precario del bloque en el poder. La asamblea constituyente como propuesta no va más, ha perdido impulso al mismo tiempo que las luchas políticas de protestan menguaron.

El caso Lava Jato (Odebrecht) y el caso de los “hermanitos” o de los “Cuellos blancos del Puerto”, destapó algo que todos los peruanos sabíamos en las instituciones que administran justicia, no solo la corrupción y el precio que tiene la justicia en el Perú que se vende y compra como cualquier mercancía, sino el control del poder político tanto en el fiscalía como en el Poder Judicial (salvo excepciones, que hay que decirlo).

Se desarmó el CNM, las redes políticas para la impunidad que estaban enclavadas en las instancias judiciales. Esta gran pérdida para el poder político significó que las investigaciones a los políticos comenzarán a avanzar como los casos más representativos Keiko y Alan García, los nuevos como el caso de Vladimir Cerrón, entre otros. El poder político considera imprescindible volver a controlar estas instancias.

Hoy vemos que está en pleno curso una nueva estrategia para lograr volver a controlar por el poder político una seria de instancias institucionales con la finalidad de lograr la impunidad de los actos de corrupción en el país y otras tropelías de gobierno. Es el caso del Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la JNJ, el Poder Judicial y los organismos electorales.

Los objetivos del chavismo peruano son: llegar hasta el 2026, controlar las instituciones de administración de justicia, copar las instituciones electorales y aquellas que cuestionen sus intereses, preparar las condiciones para las elecciones generales del 2026 y utilizar las fuerzas armadas y policiales para reprimir la protesta social y política a sangre y fuego como lo hicieron a partir del 7 de diciembre.

Sin polarización

En el parlamento se ha producido una simbiosis política suigéneris, nunca antes visto. El centro ha sido absorbido por la extrema derecha bajo la dirección del fujimorismo que son los que elaboran la estrategia y alianza con el gobierno de Dina Boluarte, son los que realmente tienen el gobierno. Los que perdieron hoy gobiernan. Ya no existe centro 3 político en el parlamento. La izquierda parlamentaria, si es que esta existió, ha desaparecido, sus intereses de sobrevivencia política de los que llegaron con Perú Libre han logrado hacer desaparecer cualquier vestigio ideológico, hoy son hermanos siameses con la extrema derecha.

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(*) Sociólogo, profesor de la UNMSM, presidente del Instituto Gobernancia y director del programa de radio PERÚ 2030