
Lima, septiembre de 2026.- La pobreza multidimensional en el Perú podría disminuir en 5.7 puntos porcentuales a nivel nacional y hasta en 9.02 puntos en áreas rurales si se garantiza el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento. Así lo revela la última investigación elaborada por el Centro de Análisis y Monitoreo de la Información del Agua Potable (Cami Yaku) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
De acuerdo con el informe titulado "Pobreza multidimensional en el Perú y su relación con el acceso al agua potable 2004-2025", la cobertura total de estos servicios básicos permitiría reducir la incidencia de este indicador del 39.7 % actual a un 34.03 %. En el sector rural, donde la brecha es más severa, la cifra caería del 78.91 % al 69.89 %.
El análisis de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) demuestra que el agua potable actúa como un factor protector directo: contar con el recurso reduce en 36.8 puntos porcentuales la probabilidad de que una familia sea calificada como pobre multidimensional, al impactar positivamente en la salud, la higiene y las condiciones de vida del hogar.
Aunque el estudio evidencia una mejora en la pobreza multidimensional —al pasar de 44.4 % en 2024 a 39.7 % en 2025—, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) advierte que la cifra se mantiene 14 puntos por encima de la pobreza monetaria (25.7 %). Esto significa que millones de peruanos que superan el umbral de ingresos mínimos continúan sufriendo carencias severas en vivienda, salud, empleo y servicios esenciales.
Las regiones con mayores niveles de vulnerabilidad se concentran en departamentos como Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco, Huánuco y Huancavelica, donde se requiere acelerar la inversión en infraestructura hídrica sostenible.
La presentación oficial de los resultados se realizó en un foro técnico junto a la Universidad del Pacífico (UP), que contó con la participación de Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Sunass; Milenka Eslava, representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis); y el economista Oswaldo Molina.
El estudio reafirma que el reto del Estado peruano no solo radica en expandir la infraestructura física, sino en asegurar un suministro seguro, continuo y de calidad para cerrar definitivamente la brecha social en las zonas más postergadas del país.