Propuesta moralizadora de los poderes del Estado

Eudoro Terrones Negrete

Consciente de la necesidad de una política de moralización a fondo en todos los poderes del Estado, por una vida digna, libre y justa de todos los peruanos y para que no se confunda a los hombres honrados con los hombres pícaros, para que los corruptos e inmorales reciban las máximas sanciones y no sigan arrastrando a las personas rectas o a los demás a su sistema de la viveza criolla, me permito formular la siguiente propuesta moralizadora:

1.    La moralización debería efectuarse a fondo en todos los poderes del Estado, pero sin odio, rencor ni venganza,  sin complicidad con los grupos de poder económico y político, sin debilidad ni compadrazgo y con pruebas veraces.

2.    El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (PNLCC)  debería ser considerado como política de Estado y no sólo de Gobierno, para garantizar la continuidad de la erradicación de la corrupción por los próximos gobiernos.

3.    En la lucha contra la corrupción se requiere además de la permanente cooperación internacional, la acción organizada de la población y la voluntad política de los gobiernos de turno.

4.    Los delitos de corrupción en agravio del Estado deberían ser sancionados con penalidad de cadena perpetua.

5.    Los partidos políticos y sindicatos deberían reorganizarse, renovar sus cuadros  de militantes y dirigentes periódicamente, e implementar mecanismos de control y de seguimiento del comportamiento de los mismos para evitar posibles vínculos con la corrupción e inmoralidad, el narcotráfico o el terrorismo.

6.    Las instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades deberían desarrollar una educación ética de calidad y fomentar la conciencia moral y moralizadora en los educandos y la población.

7.    Urge la organización de Frentes Cívicos y Éticos contra la Corrupción e Impunidad, con el fin de ir creando conciencia y mística moralizadora y recuperando progresivamente la credibilidad en la democracia, en la política y en el servicio público que presta el Estado.

8.    La Contraloría General de la República debería controlar de manera estricta, imparcial y permanente los gastos de las instituciones del Estado, las licitaciones, las obras públicas y los programas sociales de los gobiernos regionales y municipales, emitiendo informes periódicos publicados en Internet y en los medios de comunicación.

9.    Los gobiernos de turno deberían incrementar periódicamente las remuneraciones de empleados y funcionarios públicos, con el fin de evitar  el riesgo de que caigan fácilmente en casos de corrupción motivados por el salario injusto, devaluado y de hambre.

10.  El Congreso de la República debería aprobar leyes que determinen la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, y fijen mayores requisitos, formación profesional y formación ética para aquellas personas que aspiran a ser autoridades, empleados, funcionarios, ministros de Estado y congresistas de la República.

11.  El Estado debería cobrar íntegramente las reparaciones civiles de los sentenciados por delitos de corrupción en un plazo corto, para que no devenga en cuenta incobrable cuando los condenados se apresuran en “desaparecer” sus bienes.