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Jueves 05 de abril 2012

Reforma del Sistema Penitenciario

Por: Carlos Bruce.
Reforma del Sistema Penitenciario
Foto: Medios
La “novela” de Antauro Humala ha llegado a un supuesto final feliz. En primer lugar, la prensa dejará de poner en la agenda mediática la conducta de un preso que desde ningún punto de vista debería de haberse convertido en el principal tema de coyuntura política del país. En segundo lugar y mucho más importante, se encuentra el anuncio del Ministerio de Justicia sobre la presentación de un proyecto para reformar la seguridad penitenciaria del país a fin de tener penales libres de drogas y corrupción.

La primera interrogante respecto a este tema es la siguiente: ¿Era necesario ver una foto de Antauro fumando marihuana o con un I-Phone para que el Ministro de Justicia se dé cuenta que el sistema penitenciario peruano necesita una reforma seria y urgente? Parece que sí y en buena hora. De lo contrario, seguiríamos conviviendo con penales donde los internos planean sus secuestros y extorsiones mediante llamadas por teléfonos celulares y donde la labor del personal del INPE –por un tema presupuestario y de falta de recursos humanos– deja mucho que desear.

El siguiente paso es conocer a profundidad en qué consiste la supuesta reforma del sistema penitenciario. Para comenzar, sería bueno saber en qué términos se define el problema del sistema penitenciario peruano. Como sabemos, el éxito o fracaso de una política pública comienza con la correcta definición del problema que se pretende solucionar. Posteriormente tendríamos que conocer la formulación de la política que se pretende implementar con objetivos concretos, metas e indicadores. Luego, necesitamos saber en qué términos será evaluada dicha política para saber si vamos por el camino correcto o seguimos estancados en un sistema penitenciario corrupto e ineficaz.

Por último, al ser esta reforma una iniciativa planteada por parte del Poder Ejecutivo, asumimos un compromiso activo por parte del MEF mediante la asignación de los recursos públicos necesarios. No hay que olvidarnos que una política pública sin presupuesto, es simplemente una declaración de buenas intenciones.

Finalmente, si lo que se pretende es reducir el índice de criminalidad del país para garantizar a los peruanos una vida digna, la reforma del sistema penitenciario no puede ser ajena a la tan ansiada reforma del sistema judicial donde en muchos casos los jueces liberan o dictan comparecencia a sanguinarios delincuentes que actúan en las denominadas bandas de “marcas”. El problema de la seguridad ciudadana no es exclusivo del INPE y el gobierno lo debe tener más que claro.

Publicado en el diario La Razón.

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