La improvisación de la lucha contra el crimen

La seriedad de un gobierno se caracteriza, entre otras cosas, por la implementación de políticas públicas coherentes que buscan lograr el desarrollo de un país. En esa lógica, resultan inadmisibles acciones populistas, sin un diagnóstico objetivo y que no atacan el fondo del problema. Por otro lado, un estado democrático se caracteriza por el respeto hacia el Estado de Derecho, la separación y el equilibrio de poderes.

En ese contexto nos preguntamos si nuestro actual gobierno reafirma tal concepto o maneja otras ideas distintas. La interrogante surge con relación a la actuación del gobierno y la promulgación del Decreto Supremo N° 001-2012-IN que crea el Servicio Policial Voluntario mediante el cual se pretende que personal civil ingrese a las comisarías a prestar labores administrativas para que la policía pueda salir a las calles a luchar contra la criminalidad.

Si bien todos sabemos que el número de policías en nuestras calles resulta insuficiente, necesitamos saber si esos nuevos policías que lucharán contra el crimen organizado tendrán la capacitación necesaria, los equipos y tecnología pertinente y trabajarán de acuerdo con una estrategia que logre disminuir el alto nivel de percepción que tienen los peruanos respecto a la seguridad ciudadana.

Porque el problema de fondo que se debería atacar es principalmente reducir los altos índices de criminalidad que existen en todo el país. Y hasta la fecha el gobierno no ha explicado cómo lo hará, ni mucho menos se ha visto la implementación de una política pública coherente entre las tres principales instituciones del Estado –Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial– responsables de hacer frente a este problema.

Lo único que hemos visto ha sido creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que hasta la fecha no muestra ningún logro importante. Hasta ahora nos preguntamos cuál es la razón por la cual el gobierno no declara el estado de emergencia en las zonas con más alto índice de criminalidad.

¿Contribuirá el nuevo programa de Servicio Policial Voluntario a una reducción del crimen en nuestro país? Lo dudamos. Pero si así fuese, el Poder Ejecutivo deberá respetar el fuero parlamentario y permitir que dicha norma sea debatida en el Congreso. La promulgación del D.S. quebranta nuestro ordenamiento constitucional y crea un precedente nefasto que el Congreso no puede avalar.

Diario La Razón - Abril de 2012.