No bastan los honores

La Ley Nº 29031 y su reglamento instituyeron el 22 de abril como “DÍA DE LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA” en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comités de Autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados en la lucha contra el terrorismo; y a todos aquellos que en la lucha contra-subversiva prestaron eminentes servicios a la Nación.  También se creó la “Medalla al Defensor de la Democracia”.

En el “Día de los Defensores de la Democracia”, todas las instituciones deben realizar actividades conmemorativas, rindiendo homenaje y resaltando las virtudes de los peruanos que lucharon contra el terrorismo, con el fin de preservar y fortalecer el sistema democrático y el Estado de Derecho.

En vísperas de la conmemoración del “Día de los Defensores de la Democracia” es oportuno hacer algunas reflexiones, como reafirmar que es loable que se rinda homenaje y se imponga condecoración a quienes han defendido el sistema democrático de la acción terrorista y subversiva, pero ello no es suficiente.

No puede el Estado agotar la gratitud de la Nación con la entrega de alguna presea, por más merecimientos que tengan los homenajeados, pues ello denotará simple fariseísmo que hay que descartar, si es que el homenaje no va acompañado de acciones concretas que hace mucho tiempo se vienen reclamando.

Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales que rescataron al Perú del accionar terrorista, que ofrendaron sus vidas para enfrentar al flagelo de la subversión armada -muchas veces ligada al narcotráfico- y que pusieron el pecho en defensa del resto de los peruanos que queremos vivir en paz y con desarrollo, merecen mucho más que un discurso, un diploma y una medalla.  Ellos requieren el respeto del Estado, que tiene que concretarse en varias acciones.

Quizás la principal de las acciones del Estado en tutela de quienes lo defendieron, es pagarles con la misma moneda, que no es otra que defenderlos de las actitudes de quienes quieren verlos desprestigiados, disminuidos, humillados y sometidos a interminables procesos judiciales, por el solo pecado de haber cumplido con su deber y con las órdenes que les impartieron.

La defensa de militares y policías no puede agotarse en nombrarles –cuando se acuerdan- defensores en los procesos que afrontan por cumplir con su deber constitucional de proteger a la patria, sino que tiene que ser complementada tanto por el Ministerio Público como por el Poder Judicial, aplicando cuando procede las causas que eximen de responsabilidad penal. 

Ante la justicia supranacional, el Estado tiene que defender los principios de la cosa juzgada y la prohibición de revivir procesos fenecidos, pero no solamente con el dicho, sino con los hechos concretos que esperan nuestros soldados y policías.

La gratitud del Estado también tiene que demostrarse cumpliendo con las reparaciones pecuniarias establecidas en las normas legales, y a quienes han sufrido lesiones en el cumplimiento del deber, otorgarles la mejor atención médica y hospitalaria.

Finalmente, y sin que sea lo último, brindarles adecuadas remuneraciones acordes con sus altas responsabilidades y su entrega a la causa de la patria.  No seamos ingratos.