Apostando por cerrar las brechas de desigualdad

Uno de los principales activos que tiene el Estado peruano hoy es una política económica seria y continua que trasciende los intereses o enfoques de los partidos de gobierno. Así, podemos hablar de una “institucionalidad” cuando nos referimos a la política económica del Perú. Eso explica lo señalado últimamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando anuncia que el Perú se consolida como la economía que tendrá el mejor comportamiento en el 2012 y nos ubica como el principal país en crecimiento de las siete economías más importantes de América Latina. Poniendo esta información en cifras, América Latina crecerá 3,6% en el 2012 mientras que el Perú lo hará entre 5,6 a 6 por ciento.

En dicho contexto, el Perú mantiene su posición y expectativa de seguir avanzando hacia el desarrollo. Para ello resulta necesario que dicho crecimiento económico venga acompañado de una política pública destinada a reducir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad que existen en nuestro país. Solo para citar algunos ejemplos, el porcentaje de pobreza entre la población indígena es de 56%, mientras que en la población no indígena es de 29%. En ese mismo sentido, vemos que el 26% de los indígenas son pobres extremos, mientras que en los sectores no indígenas la pobreza extrema oscila entre el 8%.

Con estos datos podemos comprobar que el crecimiento económico por sí solo no garantiza la reducción de desigualdades en el Perú. Debemos apostar por una presencia del Estado mucho más eficiente en términos de necesidades básicas insatisfechas y provisión de servicios públicos básicos en las zonas rurales y marginales del Perú, ya que el mercado y el crecimiento económico por sí solos no harán dicha tarea.

El Gobierno debe tener claro que para llegar a un crecimiento del 6%, la inversión privada debe jugar un rol primordial, ya que a partir de su participación empieza un círculo virtuoso que implica la generación de empleo, la disminución de la brecha de infraestructura y una mayor recaudación de impuestos por parte del Estado para poder financiar los programas sociales de inclusión social. En ese contexto, el proyecto Conga –con las nuevas exigencias establecidas en el peritaje internacional- resulta impostergable.

Finalmente, debemos apostar por mantener la seguridad jurídica como requisito indispensable para atraer inversión privada foránea. La expropiación de YPF por parte del gobierno argentino es un claro ejemplo de una política equivocada que pone a un país fuera del interés mundial.

Publicado en el diario La Razón - 26 de abril de 2012.