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El principal problema es que la máxima autoridad regional, elegida democráticamente, y que debería concentrar todo su esfuerzo en liderar a su equipo técnico de gerentes regionales a fin de cumplir con las necesidades de la población en términos de una mejora en la prestación de servicios y bienes públicos, se dedica principalmente a azuzar a la población con discursos radicales y violentistas que afectan la gobernabilidad del país y ahuyentan la inversión privada.
En esa lógica de presidentes regionales que sobreponen la violencia sobre el diálogo racional y que lejos de contribuir al desarrollo del país, utilizan su poder político y parte de su presupuesto público regional para desestabilizar el Estado unitario al que todos los peruanos pertenecemos, se hace necesario formular un marco legal efectivo que pueda garantizar la legitimidad del Estado de Derecho.
Justamente para escenarios como el de Cajamarca que intentan poner en jaque al Poder Ejecutivo nacional, es que hemos presentado un proyecto de ley con el objetivo de ampliar las facultades fiscalizadoras que actualmente tiene el Congreso y así poder interpelarlos y, de ser necesario, censurarlos. En ese sentido, la iniciativa legal apuesta por la consolidación de un Estado unitario, donde los caudillos locales que buscan desestabilizar al régimen y que en contadas excepciones son fiscalizados por sus respectivos Consejos Regionales, deberán rendir cuentas al Congreso.
Por ahora esperamos una actitud mucho más firme por parte del Poder Ejecutivo que vaya más allá de una confrontación cibernética vía Twitter. Creemos que la población de Cajamarca y su potencial para generar recursos económicos no puede verse perjudicada por gente que lo único que plantea es destruir el Estado de Derecho para generar un beneficio personal.
Publicado el 07 de junio de 2012 en el diario La Razón.
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