Proyecto HidroAysén y política energética

EL ABASTECIMIENTO eléctrico es fundamental para el crecimiento económico y la competitividad de nuestra industria, lo cual está estrechamente ligado con los precios de la electricidad. Según el último Informe de Política Monetaria del Banco Central, Chile tiene precios de la energía eléctrica por encima  del promedio de los países de la Ocde (organización de cooperación internacional compuesta por los 34 países más industrializados con economía de mercado) donde el promedio del ingreso per cápita alcanza a cerca de los 40.000 dólares al año, muy por sobre nuestros 16.000. Asimismo, su consumo eléctrico promedio por habitante es tres veces el nuestro. Es indiscutible que estamos bastante lejos de alcanzar los niveles de vida de los países desarrollados y si nuestro anhelo es que los ciudadanos de menores ingresos tengan acceso a mayores niveles de bienestar, debemos contar con más  energía, no sólo para el sector industrial, que es el que da empleo, sino también para los consumos residenciales que indudablemente aumentan cuando las personas cuentan con mayores ingresos.

En este escenario,  sabemos que la paralización del proyecto HidroAysén constituye una señal de alerta para  la economía chilena, particularmente en un escenario en el cual el desarrollo de otras alternativas, como las centrales termoeléctricas y hasta incluso proyectos eólicos, también se presenta muy dificultoso. Asimismo,  sabemos que lo anterior significa que será necesario recurrir a centrales petroleras que son más caras y contaminantes, lo cual implica que los precios de la energía no bajarán y que ello hasta puede llegar a ser conveniente para los propietarios de HidroAysén.

En cambio, no hemos sabido descubrir las herramientas para facilitar la construcción de proyectos de desarrollo eléctrico. Evidentemente es responsabilidad del gobierno establecer una institucionalidad que funcione y sea creíble para la sociedad. Lamentablemente, no ha sido así en los últimos años, particularmente a partir de la decisión del Presidente de la República de detener el proyecto Barrancones, desautorizando así a los organismos competentes que lo habían aprobado. En aquella ocasión se anunció, por ejemplo, que se establecerían lugares donde se podrían instalar centrales térmicas; sin embargo, no ha habido avances mayores al respecto.

Con relación a los sistemas de transmisión, el gobierno acuñó hace más de un año el concepto de una “carretera eléctrica”. Sin embargo, aún no se conocen los alcances de la iniciativa, excepto que el  proyecto de ley respectivo sería enviado a trámite legislativo en el mes de septiembre próximo, lo cual, obviamente, no se condice con las urgencias que requiere la situación actual, no sólo para los proyectos más conocidos como HidroAysén, sino también para aquellos emprendimientos que conllevan el aprovechamiento de fuentes renovables no convencionales.

Lamentablemente ha faltado decisión por parte de las autoridades para enfrentar los temas energéticos con una  visión de largo plazo y no tomar el camino fácil y más popular que responde a los intereses de grupos de presión poco ecuánimes, quienes parecen preferir consolidar una suerte de statu quo ambiental por sobre el bienestar de la sociedad y particularmente de los más postergados (Con información del diario La Tercera).