¿Quién está detrás de todo esto?

En un estado de derecho como en el que vivimos el respeto a los derechos constitucionales es la base que sostiene la pirámide. Los diferentes poderes del Estado están llamados a garantizar dichos derechos y proteger a todos los ciudadanos frente a las amenazas que los pueden vulnerar. ¿Pero qué sucede cuando la Fiscalía en vez de defender la legalidad la atropella? ¿Por qué la práctica del “chuponeo” se ha convertido en una actividad cotidiana dentro de nuestra democracia?

La interceptación telefónica al congresista Luis Galarreta ha puesto al descubierto que el arte del “chuponeo” no solo es ejercido por expertos sicarios de las telecomunicaciones, sino también por algunos servidores del Estado. El hecho de levantar el secreto de las comunicaciones al parlamentario Galarreta, quien es presidente de la Comisión de Economía del Congreso, simplemente porque su número aparecía en el celular del reportero de temas económicos del diario Perú.21, Rudy Palma, es un argumento inadmisible y poco creíble. Peor aún, tratar de tipificar el delito por el que viene siendo investigado Rudy Palma como crimen organizado para violar el secreto a las comunicaciones de un congresista de oposición es un hecho que nos tiene que poner más que alertas.

Este nuevo caso de “chuponeo” se torna mucho más complejo si analizamos las declaraciones y acciones de algunos funcionarios públicos de alto nivel. Según el informe de la Divindat de la policía, ya se sabía que uno de los números en cuestión era el del congresista Galarreta. En ese sentido, el argumento del fiscal de la Nación, de solicitar el levantamiento del secreto de comunicaciones aludiendo el desconocimiento del propietario del referido número celular, es una mentira que no puede quedar impune. Por otro lado, la actuación del presidente del Congreso, prestándose para esta farsa y facilitando una reunión entre el ahora fiscal suspendido y Galarreta, nos hace sospechar las nefastas injerencias del partido de gobierno.

La suspensión del fiscal implicado en este caso es simplemente una sanción formal que no soluciona el problema. Resulta necesario y urgente, en aras de defender nuestra democracia, saber quiénes son los verdaderos actores que están detrás de este atropello a la oposición y los diarios objetivos como Perú.21, cuáles son sus intereses y qué otras instituciones del aparato público se están prestando y colaborando para este tipo de ilegalidades.

Publicado el 14 de junio de 2012 en el diario La Razón.