El asesinato del Secretario General de la CGTP -Callao y dirigente de construcción civil Guillermo Yacila, por parte de sicarios vinculados a las mafias que extorsionan a empresarios y trabajadores del sector, ha demostrado no solo el incremento de la violencia en las calles, sino el grado de corrupción imperante en las diversas instancias de la sociedad.
Una de las presumibles responsables de este crimen, la denominada “Chola Jacinta”, esposa del avezado delincuente que utiliza dicho alias, preso en Piedras Gordas, viene organizando con el apoyo de las autoridades de la Región Callao, la centralización de las bandas criminales que utilizan el rótulo sindical para cometer sus delitos con impunidad. El objetivo de asesinar a Yacila y meses antes a Armando Viera, habría sido descabezar al Sindicato el Callao con el fin de impedir que los trabajadores ejerzan sus derechos laborales conforme a ley.
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP) y la CGTP desde hace años vienen denunciando el fortalecimiento de la alianza entre las mafias y las autoridades políticas promovida por el gobierno aprista. La demostración de este pacto está en la celeridad con que sus diversos ministros de trabajo y vivienda daban registros sindicales a estos seudo sindicatos y presionaban a los empresarios de la construcción para que contraten como trabajadores a integrantes de estas organizaciones delictivas.
Solo basta recordar la celebre reunión en Palacio de Gobierno entre el expresidente García y representantes de estas mafias en setiembre del 2008, donde se elaboró el plan para destruir a las organizaciones sociales utilizando a los delincuentes. García estableció un pacto criminal que ningún líder político a lo largo de la historia del Perú hizo, iniciando así una etapa de violencia cuyos resultados hoy se aprecian a través de asesinatos, ajustes de cuentas, robos, pandillajes, reglajes, etc.
Otra de las posibles consecuencias de ese acuerdo habría sido la liberación de 5 mil criminales, muchos de los cuales hoy lideran diversas bandas no sólo en Lima sino en diversas partes del país, como Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Pisco, Chincha, Cañete, entre otras localidades. En ese sentido, la actuación de las autoridades chalacas no sería arbitraria sino parte de un estilo de gobierno impuesto por sus socios apristas, que demuestra la claudicación del Estado frente a la delincuencia con la finalidad de conseguir réditos políticos.
Por estos motivos, el 22 de agosto miles de trabajadores de construcción civil nos movilizaremos por todo el país para denunciar a estas mafias y a los funcionarios públicos y privados que les brindan impunidad. Asimismo, para exigir al Presidente, Ollanta Humala, el cumplimiento de sus compromisos electorales, como la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la eliminación de estas mafias.
La marcha será también para demandar la solución del Pliego Nacional de Reclamos, teniendo en cuenta que la construcción es el sector que viene impulsando el crecimiento económico, gracias a la mano de obra calificada.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con los diversos sindicatos en conflicto y en especial con el Sindicato de Trabajadores del Congreso, que viene siendo víctima de una campaña de desprestigio por suscribir un convenio colectivo conforme a ley (Con información del diario La Primera).