En los últimos días se están registrando hechos que, por la incapacidad del Gobierno para afrontarlos eficazmente y por los precedentes que estarían sentando, podrían afectar seriamente la gobernabilidad del país.
En el tema de paz y seguridad, preocupa la ineficiencia en el combate contra el narcoterrorismo en la zona del Vraem. Esto se ha evidenciado en los últimos sucesos lamentables en Ranrapata, Junín. Paralelo a ello, se ve la activación del terrorismo a través de sus brazos político y sindical, como son Movadef y Conare, respectivamente. En el caso de Movadef vemos su osadía para presentarse públicamente haciendo apología del criminal “pensamiento Gonzalo” ante la ausencia de la labor de inteligencia del Estado.
Asimismo, vemos la radicalización de huelgas en los sectores de Salud y Educación, afectando los servicios públicos esenciales. Sorprende que la huelga de los médicos de Essalud haya durado dos meses y con una solución que no garantiza estabilidad para la gestión institucional. A esto se añade el inicio de la huelga indefinida de los médicos de los no asegurados, afectando a la población más débil. Y hasta la fecha no se sabe con claridad cómo el Gobierno resolverá estos conflictos.
La huelga en educación se agrava por la notoria infiltración senderista en el gremio magisterial, lo que explica los violentos actos vandálicos ocurridos recientemente hasta en la propia sede del ministerio del sector.
Como resultado de lo anterior, según lo confirman las encuestas recientes, la población percibe no solo inoperancia del Gobierno para resolver estos conflictos, sino el resurgimiento del terrorismo a través de determinados grupos activos. Y solo el 2% cree que Sendero Luminoso está totalmente derrotado.
Todo esto debe llamar la atención del Gobierno, puesto que se está llegando a afectar a elementos claves que definen la gobernabilidad, como son el respeto y confianza en las instituciones, el cumplimiento de la ley, capacidad para gobernar y seguridad ciudadana, entre otros puntos importantes.
El Gobierno debe asumir su obligación de reafirmar el principio de autoridad y garantizar el orden y la seguridad al país con todos los medios que la ley le faculta y, a la vez, resolver la falta de capacidad para establecer mecanismos eficaces de diálogo y acuerdos viables con todos los actores sociales, pues todo lo logrado se arriesga cuando se pierde la capacidad de generar confianza en la población.
Publicado el 20 de setiembre de 2012 en el diario La Razón.