[Perú] Santos no muy santo

Una grave denuncia de corrupción en el Gobierno Regional de Cajamarca ha puesto sobre el tapate la necesidad de posibilitar la fiscalización e interpelación a un presidente regional sobre su gestión pública en tanto autoridad política y titular de un importante pliego presupuestal.

La denuncia referida es la más grave de otras que se han realizado pues incluye audios reveladores que involucrarían al presidente regional, Sr. Gregorio Santos, en el otorgamiento de millonarias licitaciones de obras públicas a contratistas allegados, en medio de una bien armada red de corrupción de funcionarios que incluiría lavado de activos. De ser cierta esta denuncia, tendríamos ahí la razón material del poder de movilización política prolongada del señor Santos, así como de sus aspiraciones políticas anunciando la creación de su partido propio, entre otras ostentaciones de poder.

Se trata del mismo que, en su afán de ganar protagonismo político y so pretexto de la defensa del medio ambiente, encabezó irresponsablemente las protestas antimineras promoviendo huelgas y violencia con saldo lamentable de muertos y heridos, llegando a paralizar las inversiones mineras en Cajamarca. Sería un caso más de aquellos políticos que buscan controlar el poder para servirse del mismo, según se desprende de los audios que se han difundido.

Como puede verse, esto amerita una exhaustiva investigación y ha de exigir que las instituciones competentes actúen de inmediato. Corresponde especialmente a la Contraloría actuar de oficio con un buen equipo de auditores expertos en la materia y paralelamente a la Fiscalía anticorrupción demostrar su grado de eficacia.

El Sr. Gregorio Santos actualmente administra un millonario presupuesto asignado por el Gobierno Central que llega a triplicar al de algunos ministerios,  y no existe instancia fiscalizadora que haga seguimiento de su gestión. Es un caso emblemático al tratarse de una región que percibe ingresos por canon y que para este año cuenta con un presupuesto total de S/. 1,261 millones, de los cuales S/. 400 millones son destinados para inversiones, y sobre cuya administración no rinde cuenta ante nadie.

Las autoridades políticas han de estar sujetas a estricto control político y obligadas a rendir cuentas por sus actos y asumir sus responsabilidades. Debemos asegurar que los recursos públicos  que administran sirvan para el beneficio del país y de su población y no para el provecho personal de ningún reyezuelo de turno (Con información del diario Expreso).