Es increíble como la autoridad puede tomar una decisión que sumergiría en caos a toda la población, ya que producir 870 MW, que es el 18% de la demanda nacional, es prácticamente criminal y nos estamos refiriendo a la empresa Kallpa, situada en Chilca, la cual genera energía eléctrica a base de gas natural, cuyo centro de distribución más grande está situado en Chilca.
El Sr. alcalde, ¿no sabe que clausurar la central eléctrica podría dejar sin energía a hospitales, colegios, universidades, centros de comunicación y podría sumergir en el caos a nuestro país?
Si la empresa Kallpa tiene algún problema de tipo jurídico, el alcalde tiene todas las herramientas para poder proceder al embargo, pero nunca al cierre de una empresa estratégica.
Cuanta seguridad tenemos los empresarios que esto pueda volver a suceder en alguna parte de nuestro país. Imaginemos que a la Sra. alcaldesa de Lima se le ocurra cerrar la Atarjea, los consumidores de agua se quedarían sin ella, porque si seguimos el mismo raciocinio, esto podría pasar .
Estos comentarios están hechos de buena fe, con esto no se quiere echar leña al fuego, lo único que hay que decirles es que las autoridades tienen un límite, que están enmarcadas por la ley y tienen las herramientas técnicas para poder defender sus derechos dentro de la sociedad en el Poder Judicial.
Publicado el 27 de setiembre de 2012 en el diario La Razón.