[Bolivia] Diagrama de poder transnacional

La historia parece repetirse desde la nacionalización de la Standard Oil (1937), después vino la nacionalización de las minas (1952), sigue la nacionalización de la Gulf Oil (1969), continúa la nacionalización de Mina Matilde (1971), de esta manera llegamos a la nacionalización de los hidrocarburos en el primer año de gestión del gobierno de Evo Morales Ayma, con el decreto “Héroes del Chaco”, el primero de mayo de 2006. La respuesta de las empresas trasnacionales parece ser la misma, incluyendo a las empresas privadas mineras de los “Barones del Estaño”.

Primero la denuncia de ilegalidad de la medida de nacionalización, después la amenaza de boicot y de sanciones al país, a continuación el pedido de indemnización en relación a supuestas grandes inversiones, acompañadas por el reclamo de propiedades de la empresa trasnacional, incluyendo, claro está, los propios recursos naturales, que consideran de su propiedad; de una y otra manera, sino es en las mismas profundidades, en los yacimientos, lo es desde boca de pozo, en lo que respecta a la explotación hidrocarburífera. Este control y monopolio de los recursos naturales, si no es de manera directa, se lo hace de manera indirecta, mediante el control de los flujos de la producción. Todo esto viene también acompañado por campañas en contra del gobierno nacionalizador, interponiendo recursos legales internacionales, moviendo dispositivos jurídicos como los tribunales internacionales. La empresas trasnacionales no dejan de hacer negocios nunca, incluso siguen haciéndolo con las indemnizaciones, los acuerdos, los contratos, lo convenios posteriores a la nacionalización. Siempre buscan ganar. A veces, las indemnizaciones resultan mejor negocio que el propio manejo de la producción.

Obviamente los contextos no son los mismos, tampoco es completamente idéntico el perfil de las empresas trasnacionales; los actores son otros, los gobiernos también, así mismo las coyunturas económicas y los panoramas internacionales no son equivalentes. Pero, lo que llama la atención es la misma lógica de argumentación, basada en la certeza de la propiedad privada de las empresas, pero sobre todo en el manejo de las inversiones. Tanto en minería como en hidrocarburos el cálculo de las inversiones adquiere su propia complejidad, todo depende del carácter de las inversiones, de su ritmo, de la tasa de retorno, de la variedad de la composición de dónde se invierte y en qué momento, en la lógica de esta maquinarias complejas del extractivismo. El manejo administrativo, el manejo contable, la cuantificación, y la relación de los informes, es todo un secreto de especialización. Los informes técnicos no son menos claros, son una masa abultada de estadísticas, también de explicaciones especializadas y diferenciales. En relación a esta maraña de cálculos, de estadísticas, de controles técnicos y de informes, las empresas trasnacionales tienen el control del saber técnico inherente al funcionamiento de estas maquinarias de explotación, producción y comercialización de los recursos minerales e hidrocarburíferas, también el control del secreto de estos cálculos, estadísticas e informes.

Los gobiernos que nacionalizan se defienden con la Constitución, con las leyes del país, con los convenios y contratos aprobados y no cumplidos por las empresas trasnacionales. También son importantes las auditorias a las empresas trasnacionales. Se encuentran flancos vulnerables en la argumentación y defensa de las empresas trasnacionales, sobre todo en lo que respecta al no cumplimiento de las normas acordadas. La defensa de la soberanía de los estados es siempre el recurso primordial frente a la defensa de la propiedad privada empresarial. Empero las trasnacionales tienen el control de los mercados, el monopolio tecnológico y una vinculación privilegiada con el sistema financiero internacional, además de contar con la presión y apoyo de los estados centrales dónde residen. Es todo un acto heroico de los pueblos soportar tamaña presión de estos oligopolios, que forman subsidiarias para engañar.

Sin embargo, a pesar de los actos heroicos, las empresas trasnacionales terminan obteniendo su indemnización. No hay sanciones internacionales contempladas contra estas empresas del saqueo, del despojamiento y de la desposesión. Las leyes internacionales, los organismos internacionales, protegen a estos emporios extractivistas.

Estos son los vericuetos de una lucha desigual por la recuperación de la soberanía de los estados periféricos, de los países y de los pueblos afectados, sobre los recursos naturales. A veces se sale mejor parado, otras veces no tanto. Pero lo importante es realizar la soberanía sobre los recursos naturales, que es la forma cómo los Estado-nación subalternos se constituyen como Estado-nación que disputan su independencia económica, su autonomía, la mejora de los términos de intercambio, buscando transformar las estructuras de sus condiciones iniciales de producción, que llaman desarrollo nacional.

En esta correlación de fuerzas, en esta lucha que llevó el nombre de anti-imperialista durante los periodos de rebelión, movimientos de liberación nacional, gobiernos populistas y nacionalistas del siglo XX, las empresas trasnacionales no dejan de contar con aliados en el país, incluso en los mismos gobiernos nacionalizadores. Este ya es un gran problema, sobre todo cuando sus aliados se encuentran en el gobierno.

Al principio no se evidencia claramente esta situación, pues todos están unidos por la defensa de la nacionalización. Es después, cuando hay que arreglar las cuentas con las empresas afectadas, cuando hay que definir los montos de la indemnización, cuando hay que proceder al cálculo, discutir las estadísticas, cuando intervienen los temas técnicos, sobre todo cuando hay que definir los nuevos contratos de operaciones, si esto ocurre. Estos son momentos decisivos, pues o se consolida la nacionalización o se la avería, se abren boquetes, que hacen vulnerables a la empresas estatales. Los lobby de las empresas son funestos, sobre todo cuando no se tiene la formación técnica adecuada, la solvencia política y hasta moral. Lo mejor es manejar esto temas de manera transparente y pública, al final el mejor apoyo al gobierno está en el pueblo. Cuando se manejan estos temas de manera secreta, bajo la argumentación de que es de alta especialización, hay que tener mucho cuidado.

Vamos a evaluar las dos últimas nacionalizaciones de importancia en Bolivia, con efecto de irradiación estatal, la nacionalización de la Gulf Oil, dada en 1969, y la nacionalización de los hidrocarburos, dada el primero de junio de 2006. Las otras nacionalizaciones, desde la nacionalización de la Standard Oil hasta la nacionalización de la mina Matilde, que es posterior a la nacionalización de la Gulf Oil, así como las nacionalizaciones por compra de acciones en las dos gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, serán tomadas en cuenta como referentes y con objeto de comparaciones. La revisión de las nacionalizaciones, cuyo análisis histórico y estructural nos sirve para seguir la vinculación de las nacionalizaciones con los ciclos largos del capitalismo, también nos sirve para hacer un análisis genealógico de los diagramas de poder, de los mapas de fuerzas, de las relaciones y de las estructuras de poder, inmediatamente conectados con formaciones discursivas y formas de subjetividad. Este análisis es importante también para volver a plantear, poner en la mesa de discusión, la lucha de los pueblos de los países periféricos contra los monopolios y dominaciones múltiples de la burguesía internacional del sistema-mundo capitalista.

Nota publicada en BolPress