Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
Liliana Peñaherrera, Presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down
Con sus 14 observaciones a la autógrafa de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, el Ejecutivo obligó al Congreso a insistir en la propuesta postergando su aprobación.
Dictamen de insistencia lleva dos semanas en la agenda del pleno del Congreso sin votarse.
Se espera que esta semana el pleno del Congreso incluya nuevamente en su agenda el debate de la nueva Ley para Personas con Discapacidad observada en agosto pasado. La referida ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso hace cinco meses. Pese a ello, el Ejecutivo observó 14 puntos de la autógrafa que tuvo su origen en una iniciativa ciudadana respaldada por más de 140,000 firmas y en otros proyectos que se fueron sumando en el camino. La Comisión de Inclusión del Congreso ha aprobado un dictamen de insistencia y se espera que la ley sea debatida y promulgada por ese poder del Estado en esta legislatura, sino estaría postergada hasta marzo del próximo año.
Entre los puntos observados por el Ejecutivo figura el que no reconoce que las personas con discapacidad como iguales ante la ley. A decir de Peñaherrera, esta observación es una de los más absurdas pues mantiene la visión paternalista y protectora del Estado para con las personas con discapacidad. “La autógrafa contempla que se nombre una comisión para revisar el Código Civil que considera a este sector poblacional como incapaces absolutos y retrasados mentales, o que los sordomudos no se pueden casar porque no pueden demostrar su decisión de forma indubitable,. Esto es gravísimo sobre todo si el país es firmante de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Congreso ha ratificado y por lo tanto es ley en el Perú”, dice Peñaherrera.
“El Estado sigue viendo a las personas con discapacidad como personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Los ven como incapaces e inútiles, por eso insistimos que la nueva ley debe aprobarse. La ley abre más oportunidades para salud, trabajo, recreación. No hay motivos por el cual sigan siendo considerados ciudadanos de segunda clase”, agrega Peñaherrera quien desde hace 17 años trabaja por los derechos de las personas con Síndrome Down.
La autógrafa insiste en que el Estado amplíe a 5% la cuota de empleos para personas con discapacidad y a 3% en el caso de las empresas privadas. Este punto también fue observado por el Estado. “Es un artículo que trae cola. La inclusión laboral de las personas con discapacidad sólo será posible si están capacitadas y si son competitivas, y ello se logrará con una educación óptima, y con un nivel de vida adecuado. Se deben mejorar las condiciones de educación, se debe certificar las habilidades de las personas que tienen alguna discapacidad y así tendrían mayores oportunidades de trabajo”, agrega Peñaherrera.
Otro punto que fue observado por el Ejecutivo planteaba que no haya límite de edad para que las personas con discapacidad tengan acceso a los programas sociales de protección y que sería aplicado en el caso de las personas con discapacidad en extrema pobreza.
Perú no es el único país que espera por una ley para las personas con discapacidad más completa. “En todas partes se está peleando por entender la discapacidad de manera diferente. El colectivo de personas con discapacidad y sus familias estamos también cambiando nuestra propia concepción. Se requiere para ello una cultura de levantamiento de barreras, de una sociedad solidaria, justa y tolerante que acepte las diferencias desde las personas con discapacidad hasta las personas que hablen otro idioma diferente”, dice.
“Hay que trabajar en las barreras mentales. Las observaciones desconocen los derechos, pero reconocen el asistencialismo. Pretende que el Estado proporcione vivienda, acceso a agua potable, alimentación, ropa y calzado, pero no brinda el presupuesto necesario para la atención de derechos básicos como la salud y la educación”, agrega.
Urge que el Congreso vote la ley
Peñaherrera confía en que el pleno aprobará la ley pero advierte que se debe votar pronto para poder ser incluida en la Ley de Presupuesto 2013 que se viene debatiendo en el Congreso.
“Ojalá que la Comisión de Presupuesto lo considere: por ejemplo, el 0.5% del presupuesto de los gobiernos locales y regionales que tenía que estar dedicado a la adecuación urbanística no se ha considerado. ¿En dónde quedó la ley que dice que hay que hacer una ciudad de arquitectura accesible?”, finaliza.
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