Domingo 05 de mayo 2024 | Contáctenos
Eudoro Terrones Negrete. autor de estas líneas
Con elogiosos comentarios han recibido los padres de familia, estudiantes y maestros universitarios la promulgación de la Ley Nº 29971 que establece la moratoria de 5 años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas, y la suspensión de creación de filiales en el interior del país por el mismo período.
La finalidad de la moratoria es permitir el replanteo de la política de la educación superior universitaria dentro de una nueva legislación, en el marco de un sistema de educación que establezca requisitos de creación y funcionamiento de universidades debidamente acreditadas y certificadas, que garanticen calidad, investigación y vinculación con las necesidades de desarrollo del país.
Asimismo la ley dispone “excepcionalmente”, que el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) evalúe y autorice durante el plazo de un año el funcionamiento de las universidades públicas que hayan superado la fase de verificación de la implementación inicial. Las demás universidades creadas por ley continúan su correspondiente trámite.
Mientras esto ocurre, hay universidades creadas por ley que aún no se nominan ni reconocen a los integrantes de sus Comisiones de Organización y Funcionamiento, no obstante que fueron aprobados su Proyectos de Desarrollo Institucional (PDI), situación ésta que viene generando incertidumbre en las entidades Promotoras, contracción de inversiones en educación y pérdida de credibilidad ante los potenciales estudiantes.
No debe olvidarse que según la Constitución Política de 1993, entre una de las garantías constitucionales es la “Acción de Cumplimiento”, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley” (artículo 200, inciso 6).
Por lo expuesto, consideramos que los miembros de CONAFU, superando cualquier maniobra dilatoria o trámite burocrático, aceleren la toma de decisiones para una pronta solución al problema.
Más vale prevenir que lamentar, con el mejor espíritu resolutivo de problemas, en concordancia con la política general de educación, la ley universitaria 23733 y los objetivos de desarrollo integral del país.
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