Por estos días viene generando gran revuelo en el ambiente político, el proyecto de ley que ha presentado la aún jefa de la ONPE al Congreso y que, en caso de ser aprobado, abriría la puerta para permitir la candidatura de la Primera Dama de la Nación en las futuras elecciones generales: Inoportuno por donde se le mire.
Inoportuno, porque en estos momentos la ONPE debería estar abocada a garantizar la neutralidad, transparencia y sobre todo el rápido conteo de votos para evitar incertidumbre sobre los resultados del próximo proceso de revocatoria, sobre todo si son tan ajustados como ocurrió en Lima en las últimas elecciones municipales. Con eso ya tiene bastante trabajo.
Inoportuno también porque la propuesta es presentada faltando pocos días de concluir la gestión de la jefa de la ONPE, dejándole una pesada herencia a su sucesor, quien tendrá que asumir la desagradable tarea de sustentar o descalificar el proyecto en mención.
Inoportuno porque la propia “beneficiada” con el proyecto, la señora Nadine Heredia, acaba de declarar a los medios de comunicación que ya se han acabado los tiempos infames en que las leyes tenían nombre propio. De aprobarse el proyecto, se pondría a la primera dama en la incómoda posibilidad de contradecirse a sí misma.
Inoportuno, porque estando en un momento en que se evidencia el incremento de la popularidad y aceptación a la gestión del Presidente de la República según las encuestas, este proyecto genera de manera innecesaria la idea que el Gobierno Central estaría detrás de esta “movida”, generándole el riesgo de ver reducida esa aceptación.
Estoy de acuerdo en que las reglas de nuestro sistema electoral deben estar siempre en revisión, para perfeccionarlas y hacerlas más acordes a nuestra realidad y necesidades. Pero una dosis de tino y prudencia en este proceder, sobre todo por parte de las autoridades del sistema electoral, ayudarían a conseguir esa sensación de confianza que todos necesitamos.
Si la participación de la Primera Dama en futuras elecciones es jurídicamente viable o no, puede ser discutido. Pero en medio de este debate, no es conveniente que se nos brinde por parte de una institución del propio Estado, la sensación de querer aprobar “de contrabando” una ley que zanje el tema. Insisto con una idea planteada hace un par de semanas: tenemos que recuperar la confianza perdida en las instituciones del sistema democrático. En eso, la ONPE no nos ha ayudado mucho esta semana (Con información del vespertino Expreso).