¡Lima no debe esperar más!

Eudoro Terrones Negrete, autor de estas líneas

Según la Constitución política de 1993 y las leyes 26300 y 28421 todos los ciudadanos tienen derechos de elegir a sus autoridades y ser elegidos;  participar, de manera individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación; remover y revocar a las autoridades; solicitar la reforma de la Constitución y  la realización de referéndum; demandar la rendición de cuentas.

Además tienen derecho de iniciativa en la formación de leyes y de dispositivos municipales y regionales; participar en el proceso de adopción de decisiones para un mejor gobierno de su ciudad y del Perú, sin necesidad de ser parte del gobierno o tener cargo público.

Se revoca a la autoridad cuando el SI obtiene la mitad más uno de los votos válidamente emitidos, y tienen que haber asistido a votar por lo menos el 50 % de los electores hábiles del Padrón electoral de la circunscripción.

Tres son las razones de fundamentación de la solicitud de revocatoria: el mal uso de los recursos públicos, el incumplimiento de sus funciones  y el incumplimiento de sus promesas electorales.

De acuerdo con las estadísticas, se revocaron en todo el país más autoridades distritales que  provinciales: 135 autoridades en 1997, 38 en el 2001, 144 en el 2004 y 53 en el 2005.
Lima es la ciudad más poblada del país, concentra más del 30 por ciento del total de la población peruana, ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de América Latina y el Caribe y es una de las treinta aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo.

Por la gravedad de sus problemas, Lima no puede esperar más de un gobierno municipal que no supo responder a las expectativas de la población. Sus problemas mayúsculos son la inseguridad ciudadana en las calles, el desorden y el caos en el transporte público urbano, el abuso en la aplicación de papeletas a modestos hombres del volante, la paralización de obras públicas y la  improvisación en la gestión municipal.

A lo expuesto debemos agregar el escándalo de los 101 patrulleros “bamba” e inactivos  anunciados por la alcaldesa de Lima y que fueron presentados a la prensa con equipamiento alquilado por S/. 40 mil soles y sin documentación regular y que el Gerente de EMAPE Gabriel Prado tuvo que renunciar.

Los voceros del Partido Solidaridad Nacional denunciaron penalmente a la alcaldesa Susana Villarán por  la comisión de delito al promocionar la obra Vía Parque Rímac, sin sustento legal.
La municipalidad de Jesús María, con su alcalde Enrique Ocrospoma Pella y sus regidores, está en pie de lucha contra la pretensión de la alcaldesa Villarán de arrebatar la administración del Campo de Marte, la concha acústica, el centro cultural y la Biblioteca municipal para convertirlo en un parque zonal, pretensión ésta que viene siendo rechazado por la mayoría de la población  de Jesús María.

Por otra parte, sigue cuesta arriba las fuerzas de oposición por la contratación como estratega de la campaña por el NO al señor Luis Favre,  a quien lo pagarán cerca de 180 mil dólares. Ahora sabemos que este señor estuvo involucrado en escándalos políticos de corrupción por “·comprar votos a favor del ex presidente Lula da Silva” y estar vinculado “ a empresas que ejecutaron obras durante el régimen de Lula”, según expresiones del congresista Mülder.

Es censurable que los defensores del NO gasten millones de soles en publicidad, spots de TV, radio y prensa escrita, con el fin de mantener en sus puestos a quienes no se lo merecen, a  quienes en dos años casi nada hicieron y más bien se ganaron la crítica de la población limeña, según demuestran las encuestas de opinión.

¿Quiénes apoyan el NO a la revocatoria? Son los que tienen intereses creados, intereses económicos y políticos. Son los que confundieron consulta vecinal con compaña política nacional. Y aquí están todas las fuerzas de la derecha peruana, del comunismo, de la izquierda caviar y variopinta.

Y como los promotores del NO saben perfectamente que les espera una derrota en el proceso electoral del 17 de marzo de 2013, ahora  por intermedio de algunos congresistas del gobierno están proponiendo la reforma de la ley de revocatoria para que en el futuro proceda sólo en casos de corrupción de autoridades municipales y otros debidamente justificados.

Ante esta propuesta opino que la revocatoria debería extenderse a los congresistas, al Presidente y vicepresidente de la República, en los casos de incumplimiento de sus promesas electorales,  por no rendir cuenta de manera documentada sobre sus viajes al exterior, por fomentar  el levantamiento armado de campesinos con fines políticos, por no reconocer a sus hijos fuera del matrimonio y por aprovecharse del poder político y del dinero de todos los peruanos para publicitar a sus familias con miras a las próximas elecciones nacionales.

Por lo expuesto, convencido que Lima no debe esperar más, hago público mi decisión: ¡SÍ A LIMA!...¡Sí a la revocatoria!