Lo políticamente correcto

Más allá de la votación inminente por la revocación en Lima y sus hipotéticos resultados, al parecer no modificables, van predefiniéndose algunas derivaciones necesarias.

Quizás la ocasión sea útil para eliminar los resabios maniqueístas tan tercamente utilizados por los comunistas de viejo cuño y sus versiones neomarxistas de diferente coloratura. Ellos siguen creyendo ser los dueños absolutos de lo “políticamente correcto”. Por tanto tienen el atributo de señalar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo honesto de lo corrupto. La línea divisoria es muy clara, hay lugar sólo para dos posiciones y ellos deciden quién es quién.

Después de esta batahola ojalá sea posible establecer con claridad que la gente que evalúa negativamente a la alcaldesa lo hace en legítimo uso de un derecho, en cuyo ejercicio acude a depositar un voto. La ley y su derecho a opinar le permiten, como lo hará la mayoría que las encuestas han coincidido en señalar, marcar un SÍ para retirar a la alcaldesa de sus funciones, además de los regidores por quienes marquen otros tantos SÍ. También es posible votar porque se quede. Pero de ninguna manera se puede aceptar que aquellos que escojan el SÍ estarán votando a favor de la corrupción o de la violencia contra la mujer o de la exclusión racial, como sugiere el panel de Susana Baca. Es inaceptable. Soy amigo fiel de Susana desde hace casi 50 años y no pasaré a dejar de quererla y respetarla cuando yo vote por el SÍ.

Una buena lección de lo que ocurra será que los “planes de gobierno” de nuestros alcaldes se elaboren con gran seriedad y se cumplan adecuadamente. Nadie puede ser acusado de ser un rufián porque se le pida a un alcalde o alcaldesa que cumpla con lo que prometió. Y si se considera que el incumplimiento de las promesas no es motivo para promover una vacancia, entonces debiera así quedar establecido por ley. De paso será bueno, en Lima por cierto, saber quiénes son los regidores por los que también se ha votado.

Ya sabemos que, aunque Lima ya no siga siendo el Perú como diría Valdelomar desde una mesa del “Palais Concert”, sí es la ciudad capital y el centro neurálgico de sus mayores decisiones y emociones. Por tanto lo que ocurra en Lima retumba en todo el país. Los acuciosos sabrán encontrar cuántos alcaldes han sido revocados durante todo este tiempo sin que a la Gran Capital le importe mucho, ni siquiera cuando ha afectado a sus propios alcaldes distritales. Con toda seguridad pasan de 300 alcaldes los revocados en todo el país pero, claro, corresponden a distritos pequeños, tal vez una provincia por allí pero, nada más. Ahora que le tocó a Lima tal vez importe pensar si la ley era tan buena.

Por esta razón asombra que para algunos la ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, haya pasado a ser un arma perversa cuando no hace muchos años era perfecta. Se la incluyó en la nueva Ley Orgánica de Municipalidades el 2003,  a pedido de “Perú Posible” que ahora llama corruptos a los que la aplican, mientras sus autores intelectuales y otros defensores se limitan a deplorar lo caro que cuesta aplicar la ley que ellos promovieron.

Finalmente alguna mejor explicación se podrá tener de esta extraña unión en que se encuentran el PPC con Tierra y Libertad más Patria Roja, entre otras singularidades. Que las circunstancias han forzado esta situación es muy probable. Pero que eso sea “políticamente correcto” está por verse.