Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
El revés que sufrió el gobierno de Cristina Fernández en su intento de reformar el Poder Judicial argentino resulta un hecho alentador, pues constituye una evidencia de que se mantiene en pie en ese país una Corte Suprema independiente, capaz de oponerse al gobierno e impedir los intentos de éste por concentrar poder en sus manos.
El miércoles, el máximo tribunal declaró inconstitucional, por abrumadora mayoría, el proyecto que buscaba elegir por la vía del voto a los integrantes del Consejo de la Magistratura y alterar el número de sus integrantes. La iniciativa se hallaba inserta en el esfuerzo de la Presidenta Fernández por “democratizar” la justicia. Sin embargo, la reforma propuesta para el Consejo de la Magistratura amenazaba con condicionar al ente que designa a los jueces, lo cual podría haber puesto en riesgo la independencia judicial.
El control que el kirchnerismo ejerce en ambas ramas del Congreso le ha permitido al gobierno poner en práctica, por ejemplo, una polémica “ley de medios”, que significaría un fuerte retroceso para la libertad de expresión del país. Dicha normativa se ha visto frenada debido a que el grupo Clarín ha logrado paralizarla precisamente mediante una serie de recursos judiciales.
La institucionalidad argentina se vería gravemente alterada si el Poder Judicial termina siendo integrado, fundamentalmente, por miembros afines al actual gobierno, lo que crearía un poder estatal sin contrapeso alguno. Contar con jueces independientes resulta especialmente necesario, luego de que se ha conocido una serie de denuncias de corrupción que afectan a funcionarios públicos y empresarios ligados al kirchnerismo. Ello ha logrado salir a la luz pública precisamente gracias a denuncias periodísticas y a la investigación judicial, lo que reafirma la necesidad de su independencia.
(*) Artículo publicado en el portal del diario La Tercera este 21 de junio de 2013
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