En los debate que antecedieron a las primarias de mañana, la defensa nacional ha estado ausente. Sin embargo, dos candidatos del pacto Nueva Mayoría han mencionado recursos de la defensa como fuente de financiamiento de sus propuestas en educación. Por una parte, Andrés Velasco, en un documento titulado “Armas para la educación”, propuso medidas que estima costarían unos US$ 2.000 millones y que se solventarían con fondos acumulados provenientes de la ley del cobre, mientras que Claudio Orrego fue incluso más allá, al decir que el 10% que grava a las ventas de Codelco debería ser entregado a la educación.
Si bien el sistema de financiamiento de las adquisiciones de equipamiento militar mediante el impuesto de 10% a las ventas de Codelco es cuestionable y debería ser superado, resulta preocupante que se vuelva al clima de presentar el gasto de defensa como opuesto a los intereses de la ciudadanía y como un obstáculo para lograr progreso social. La seguridad del país y su capacidad de disuasión no son antagónicas con éste, y existe la necesidad de proveer equilibradamente al logro de todos ellos. Asimismo, no es correcto mencionar los recursos acumulados en defensa como fuente de financiamiento disponible para gastos sociales, porque, al igual que otros fondos ahorrados en moneda extranjera por el país, no son actualmente utilizables para atender demandas sociales, por prioritarias que sean, debido a restricciones de orden macroeconómico.
El proyecto de ley que reforma el financiamiento de la defensa ha experimentado un avance lento en el Senado. Aprobarlo sería una señal de consenso y estabilidad para el sector, y evitaría que el tema se politice innecesariamente en épocas electorales.
(*) Artículo editorial publicado en el diario La Tercera de Chuile este 29 de junio de 2013