[Chile] El gobierno y la reforma tardía de las empresas públicas

EL GOBIERNO ha enviado a trámite legislativo el proyecto que reforma el Sistema de Empresas Públicas (SEP), organismo que representa los intereses del Estado en las compañías con participación fiscal. La iniciativa crea un consejo autónomo de nueve miembros, cinco nombrados por el Presidente de la República y el resto con aprobación del Senado, que tendrá la responsabilidad de supervisar y monitorear la gestión de los directorios de las empresas públicas.

La reforma al sistema de administración de las empresas públicas es urgente y necesaria. Existen más de 20 compañías donde el Estado es propietario o accionista, varias de las cuales exhiben resultados poco favorables o desarrollan actividades en directa competencia con oferentes privados. Resulta valioso, en este sentido, que el propio proyecto insista en el rol subsidiario del Estado, advirtiendo que éste “puede y debe intervenir en aquellas áreas de la economía en que existe una necesidad superior de la nación y en que los privados no pueden o no alcanzan a intervenir”.

No obstante, a seis meses del término de la actual administración, la iniciativa aparece de forma tardía y con resultado incierto. Después de todo, la reforma del SEP formó parte del programa original de gobierno, el mismo que planteó la “urgencia” de modernizar las empresas públicas, obligándolas, además, a regirse por las normas de las sociedades anónimas abiertas. La necesidad de analizar “distintos mecanismos para incrementar el capital que requieran” estas com-pañías también formó parte de las propuestas presidenciales.

Poco se avanzó en esa línea. Con la excepción del cierre de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (Emaza), una sociedad que prácticamente no tenía operaciones, la necesidad de mantener presencia fiscal en actividades productivas no ha sido motivo de discusión. De poco ha ayudado, por cierto, la ideologización que subsiste en torno a esta temática. Basta revisar los fundamentos de los cinco senadores que se opusieron al término de la existencia de Emaza, a pesar de su casi nula actividad y de las pérdidas cuantiosas que generaba al Fisco.

Las ventajas del mercado como asignador de recursos, así como la eficiencia del sector privado en el desarrollo de actividades productivas, constituyen realidades ampliamente comprobadas por la teoría y práctica económica. Asimismo, la focalización del Estado en las actividades estrictamente necesarias representa la mejor garantía de asignación de esfuerzos y recursos en los sectores sociales más necesitados. Por lo mismo, el gobierno debió incentivar un debate más amplio y profundo sobre el rol de las actuales empresas públicas, su necesidad de subsistencia y el potencial traspaso a manos privadas.

En esa línea avanzan países como Gran Bretaña o Alemania que, por mencionar un rubro donde el Estado debió enfrentar una prolongada huelga de trabajadores, anunciaron o concretaron la privatización de sus respectivas empresas públicas de correos. A nivel local, ni siquiera los 23 días de movilización recientemente concluida motivaron una discusión sobre la necesidad de contar con una compañía fiscal de correos. En cambio, se aumentaron remuneraciones, comprometieron bonos y una gratificación permanente.