En defensa del estado de derecho

No responde qué normas ha violado Fujimori

El presidente Ollanta Humala y su ministro de Justicia, Daniel Figallo, han anunciado que el ex presidente Alberto Fujimori será sancionado en los próximos días por haber violado la ley al hacer declaraciones a medios de prensa.

Si Fujimori ha violado alguna norma, tendrá que asumir el castigo. Pero antes, la autoridad está obligada a precisar qué norma ha violado, de lo contrario no podría sancionarlo. Si lo sanciona sin motivar debidamente la resolución respectiva estaría violando el debido proceso y cometiendo una arbitrariedad.

Figallo, asesor legal del Ejecutivo, está obligado a informar qué norma legal ha incumplido Fujimori: ¿el Código de Ejecución Penal?, ¿alguna resolución del INPE?, ¿el reglamento disciplinario de éste? Por lo pronto, Humala ha admitido que no lo sabe y que le ha pedido un informe a su ministro de Justicia.

La ley que regula el cumplimiento de las sentencias judiciales es el Código de Ejecución Penal, el cual establece, en su Título I, Artículo 1 que: “El interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia respectiva”.

La pregunta obvia es: ¿Hay alguna ley o sentencia judicial que prive a Fujimori del derecho a dar entrevistas a la prensa? Esto es lo que debe aclarar Figallo ¿Por qué lo ha hecho?

Cuando el INPE impidió que RPP entrevistara al ex presidente (Comunicado 27-2012-INPE) invocó la resolución 562-2002-INPE/P, incurriendo en una grosera contradicción ya que dicha norma (“Procedimiento de las entrevistas de los Medios de Comunicación con los internos recluidos en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional”) sí permite que los internos del régimen abierto -como es el caso de Fujimori- den entrevistas.

Así lo corrobora la resolución 169-2006-INPE/P, del 7 de marzo del 2006, que precisa que dicho procedimiento “es de aplicación en todos los establecimientos penitenciarios, salvo en los de régimen cerrado especial, en los que los internos no podrán ofrecer entrevistas a los medios de comunicación”, que no es el caso del ex presidente.

Al censurar a RPP, el Consejo Nacional Penitenciario dijo en su comunicado que “desde agosto del 2011 en que se inició la actual gestión, la Presidencia del INPE ha sido coherente en no autorizar entrevistas a aquellos internos procesados o sentenciados por delitos que involucren víctimas directas o indirectas (familiares)”, sin SUSTENTAR su decisión en norma legal alguna.

Y ha sido tan “coherente” que la televisión entrevistó en los últimos años a las internas Eva Bracamonte y Abencia Meza, por citar solo dos ejemplos, a pesar de que los delitos imputados a ambas involucran víctimas directas. Estamos evidentemente ante una censura política.

No se trata de defender a Fujimori sino al estado de derecho. Si toleramos que una autoridad censure a la prensa por encima de la ley estamos abriendo el camino a la arbitrariedad totalitaria. El Perú se rige por el estado de derecho y nadie puede violarlo.