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Martes 31 de diciembre 2013

Comisión investigadora fue formada por Pleno del congreso

Se formó una Comisión Especial y se otorgaron facultades de investigación.
Comisión investigadora fue formada por Pleno del congreso
Foto: congreso.gob.pe

La formación de una Comisión Investigadora Multipartidaria para analizar el caso de Oscar López Meneses fue una de las principales decisiones adoptadas por el Pleno del Congreso en la Primera Legislatura 2013-2014, así como otorgó facultades de investigación a la Comisión de Educación para que estudie los exorbitantes sueldos que estarían percibiendo el rector y las principales autoridades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

La comisión investigadora tiene un plazo de 180 días para determinar los posibles vínculos que mantendría el ex operador de Montesinos en el Estado y en otras organizaciones mafiosas dependientes del crimen organizado. La decisión se adoptó el 29 de noviembre último.

La Comisión de Educación tiene un plazo de 120 días útiles para entregar el informe con las conclusiones respectivas. Igualmente, se aprobó la formación de otra Comisión Especial para seleccionar a los candidatos a la Defensoría del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y a los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva.

En la sesión del Pleno del 14 de diciembre se eligieron a los tres integrantes del BCR: Eduardo González, Drago Kisic y Gustavo Yamada. Falta por designar a los titulares de los otros organismos constitucionales autónomos.

Acusaciones Constitucionales

En el mismo periodo parlamentario la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene pendiente de calificación 34 pedidos de acusación. Tres acusaciones fueron aprobadas por el Pleno.

Mientras la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó dos informes finales en los cuales se determinó recomendar al Pleno sancionar con suspensión de 120 días a los congresistas Modesto Julca Jara y Michael Urtecho Medina. Ambos informes fueron aprobados.

El caso del parlamentario Urtecho Medina fue remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y al Ministerio Público. Luego, el Pleno aprobaría el 20 de diciembre, mediante Resolución Legislativa, su destitución del cargo y su inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

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