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Jueves 12 de junio 2014

Comisión de Economía escucho a representantes de la SBS sobre débito automático

El sistema está referido al pago que realizan los usuarios de diversos servicios públicos.
Comisión de Economía escucho a representantes de la SBS sobre débito automático
Foto: congreso.gob.pe

La superintendente adjunta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , Mila Guillén, expuso ayer miércoles 11 acerca del proyecto de ley 3236 que regula el débito directo a cargo de las entidades bancarias y financieras. Fue ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, cuyos miembros expresaron serias discrepancias en contra de la citada iniciativa, razón por la cual se acordó convocar a representantes del Banco Central de Reserva (BCR) y de los usuarios.

Ante el grupo de trabajo que preside el congresista Tito Valle (PP), la funcionaria defendió los alcances del proyecto y dijo que éste beneficia a los usuarios. En ese sentido, afirmó que se busca regular el débito directo con la finalidad de ampliar el servicio actual de este mecanismo, a modo de permitir que no sólo se restrinja al ámbito interno de una sola institución financiera, sino que tenga un alcance interfinanciero.

El sistema está referido al pago que realizan los usuarios de diversos servicios públicos, dinero que es descontado por las empresas financieras de sus haberes depositados por sus empleadores o sus ahorros.

La representante de la SBS agregó que la iniciativa también otorga garantías al consumidor del mencionado débito financiero, como la posibilidad de solicitar el extorno de su dinero en caso el banco, al momento de descontarle de su cuenta un determinado pago por servicio, sobrepase el monto autorizado por el cliente.

OPINIONES

Sin embargo, congresistas de la comisión consideraron que el proyecto sólo favorece a las empresas financieras y perjudica a los usuarios.

En ese sentido, se manifestaron los legisladores Víctor García Belaunde (AP-FA), Carlos Bruce (CP), Joaquín Ramírez (FP), Jaime Delgado (NGP), Martín Rivas (NGP), Juan Pari (NGP) y Juan Carlos Eguren (PPC-APp).

En mérito a ello, García Belaunde planteó que se invite a representantes de gremios de usuarios para conocer su posición al respecto, pues consideró que la iniciativa sólo beneficiaría a los bancos, los que- dijo- actúan como un oligopolio al manejar el 85% del cobro de los servicios básicos como luz, agua, etc.

Sostuvo que por esa situación será difícil que los clientes puedan elegir el banco que más les convenga y el que les cobre menos por el pago de estos servicios, tal como sostuvo la vocera de la SBS al defender el proyecto.

Por su parte, el congresista Ramírez pidió que se cite a funcionarios del BCR a fin de que aporten sus opiniones sobre la iniciativa, pues recordó que este ente ha mostrado una posición en contra. En este punto, coincidió con él su colega de bancada Rolando Reátegui.

Ambos pedidos fueron tomados en cuenta por la presidencia de la comisión que dejó constancia de que serán atendidos con el objeto de continuar evaluando los alcances del proyecto de ley 3236.

El congresista Eguren opinó que el documento cuenta con algunas imprecisiones que deberán ser subsanadas. En tanto, el legislador Bruce consideró que este proyecto favorece a los bancos y en una proporción muy pequeña a los usuarios; y ello debido a que son pocos los que cuentan con varias cuentas corrientes.

Finalmente, el parlamentario Delgado indicó que, a su criterio, el débito automático debería ser derogado al indicar que son conocidos los abusos que cometen las entidades financieras en el país. Añadió que es absurdo que los clientes no puedan anular el débito automático y criticó que los bancos cobren una comisión adicional, a las que cobran por hacer efectivo estos pagos de servicio, cuando los clientes están de paso en una localidad ajena a la suya.

ARCHIVO

De otro lado, la comisión envió al archivo el predictamen el Proyecto de Ley 2820, que deroga la ley 28046 que creaba el Fondo y la Contribución Solidaria para la Asistencia Provisional.

Del mismo modo, el predictamen del Proyecto de Ley 3184, que planteaba autorizar al Gobierno Regional de Loreto el pago de su deuda social del sector Educación y Salud con los mayores ingresos que por el Canon Petrolero, la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economía estime para el pliego Año Fiscal 2015 y con saldos no ejecutados y no comprometidos del canon y sobrecanon petrolero.

Igual suerte corrió el predictamen del Proyecto de Ley 3338 que postulaba modificar artículos de la Ley 29264 de reestructuración de la deuda agraria.

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