La universidad que necesitamos

María del Pilar Tello, autora de estas líneas

Se discute la Ley Universitaria en el Congreso, ya en su tramo final, y podemos ver cuán desligada está la controversia de lo que requieren nuestras universidades públicas y privadas. Estamos ante un proceso de crisis y debilitamiento de las instituciones, de ausencia casi total de propuestas de fondo sobre los problemas nacionales y vemos cómo la lucha política se ha vuelto mediática, cosmética, trivial, generadora de desilusión y desconfianza.

La universidad está llamada a ser el contrapeso en esta situación desde que tiene en su seno a estudiantes esperanzados que no quieren engrosar los ejércitos de graduados desempleados. Lamentablemente nuestra academia responde caricaturalmente a dos extremos: la Universidad negocio y la Universidad pobreza, dicotomía inaceptable que expresa la ausencia de relación activa con los intereses sociales, con los problemas nacionales. La argumentación idónea es inexistente en los partidos, en los medios de comunicación y para colmo también en el aula universitaria, con notables y pocas excepciones.

Nos habituamos a no contribuir con un Estado que para muchos es ilusorio con todo lo que grave que es esa concepción. A ver la política como una caja negra: quién pelea, quién coloca un tema en la agenda; quién gana, quien pierde. La política y el Estado reducidos a la opereta mientras la gran mayoría de universidades se dan el lujo de mirar a otro lado.

Cuando vemos la estructura curricular de los pregrados y los posgrados, cuándo pretendemos la acreditación en el vacío, cuando apreciamos el desinterés de los docentes, nos damos cuenta cuánto dejamos de pensar en capitalizar conocimientos para nuestros jóvenes entregados a la universidad privada como negocio y a la universidad pública como desfinanciamiento.

El presente debate es sumamente positivo a pesar de las contradicciones, pasiones e intereses. Obliga a poner el foco en un sistema universitario en crisis, con 139 universidades, que requieren legislación moderna, lamentablemente distinta de la ley propuesta. Lo estratégico es contar con capacidad de gestión ligada al análisis político y a las opciones políticas. Es enseñar a nuestros alumnos a pensar y construir con responsabilidad ese futuro que quedará en sus manos. Es la docencia y el contacto fecundo con los alumnos. Es formar una masa crítica juvenil, no desencantada, ante una realidad que necesita hacedores seguros y empeñosos.

Si el objetivo final de la universidad sigue siendo la búsqueda de la eficiencia, la formación del político, del dirigente, del funcionario ello pasa por la mejor educación que podamos dar a esa población juvenil hoy mayoritariamente electoral. Si nos planteamos los grandes objetivos, los diseños, los proyectos nacionales, los planes, debemos comenzar por una universidad -pública o privada- que nos entregue los mejores operadores. Si no tenemos capacidad de cambiar el sistema universitario renunciamos a algo mejor. Y no es una cuestión menor.

Es necesario el fortalecimiento del capital humano. El papel de la educación superior es crucial. Se requiere forjar consensos y políticas públicas, armar acuerdos alejados de la conflictividad que ha originado el caballazo que pretenden el congresista Daniel Mora y la Comisión de Educación del Congreso. Descartar esa propuesta y dar paso a una Comisión de profesionales de alto nivel, que pueda generar otro proyecto que sea adecuado a las necesidades del país, sería la mejor salida antes de dar paso a un grave error.