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Miércoles 16 de julio 2014

Red de corrupción de Rodolfo Orellana operaria desde hace 10 años

Afirman en Comisión Investigadora.
Red de corrupción de Rodolfo Orellana operaria desde hace 10 años
Foto: congreso.gob.pe

Una red de corrupción en la que estarían involucrados magistrados del Poder Judicial (jueces y fiscales), notarios públicos y funcionarios de Registros Públicos operaría desde hace unos 10 años y trabajando en forma fraudulenta en beneficio del empresario Rodolfo Orellana Rengifo.

Éste, valiéndose de testaferros y la complicidad de notarios y jueces ordenó la emisión de laudos arbitrales y cartas-fianza por unos 500 millones de soles para apropiarse de inmuebles, terrenos y propiedades, y falsificando documentos, según se denunció en la comisión.

Pormenores de una de las decenas de casos fueron revelados por el joven empresario Giovanni Paredes Ruiz, hijo del excongresista Mario Paredes Cueva, quien se presentó el lunes 14 ante la Comisión Investigadora del Congreso sobre los vínculos de Orellana Rengifo con altos funcionarios del Estado y el proceso de transferencia de terrenos de propiedad estatal.

Paredes Ruiz comentó su odisea legal-judicial desde el año 2002, en que se ejecutó la hipoteca que recayó sobre el camal de Yerbateros (de propiedad de su padre), en la que también estuvo incluida su hermanastra Blanca Paredes. Ambos sostuvieron una disputa judicial por la propiedad.

“Mucha gente piensa que fue un escándalo familiar desde que el camal fue dado en remate en el año 2000 (cuando Giovanni Paredes era menor de edad) y dejaron como acreedor a Sousa Ferreyra, con la complicidad de Rafael Samaniego, otro acreedor.

El remate del camal se produjo cuando Giovanni era menor de edad, pero al año siguiente, cuando cumplió los 18 años, la fiscal Nancy Carmen Choquehuanca emitió la orden de captura, la que se hizo efectiva al día siguiente con la intervención de 10 policías. Paredes Ruíz estuvo preso siete meses. Salió en libertad luego de presentarse un hábeas corpus.

Giovanni Paredes comentó que para recuperar el camal inició una acción de amparo, pero “la guerra sucia continuó”. En un atentado murió su madre Nora Ruiz y su hermana Melisa. La viuda de Mario Paredes era poseedora de un tercio de la propiedad del camal y los otros dos tercios fueron divididos entre once hermanos, algunos de ellos hermanastros de Giovanni. En el año 2005, Paredes Ruiz pudo cancelar la hipoteca que pendía sobre el camal y la deuda a Sousa Ferreyra.

En la segunda sesión de trabajo de la comisión estuvieron presentes los congresistas Vicente Zeballos (SN), presidente, Héctor Becerril, Víctor García Belaunde, Tito Valle Ramírez y Wuiliam Monterola.

En respuesta a las dudas y precisiones de los miembros de la comisión, Paredes Ruiz (acompañado de dos de sus abogados) dijo que los perjudicados por Orellana y sus testaferros han formado un “club”. Todos tienen juicios pendientes y han perdido sus propiedades a través de documentación falsa. Incluso, uno de los abogados presentes dejó entrever que Hugo Díaz Lozano y Hermógenes Cabrejos (otros dos testaferros) no habrían muerto, que se habría falsificado las respectivas partidas de defunción, y propuso que se exhumaran los cuerpos.

Sobre la participación irregular y abusiva de magistrados, Giovanni Paredes, se refirió a César Vega Vega (expresidente de la Corte Superior de Lima), quien cambió seis jueces en cuatro meses para que la investigación sobre Paredes Ruiz no culmine. Èste fue denunciado por terrorismo, extorsión y lavado de activos.

Pero el Camal de Yerbateros no fue la única propiedad que ansió la red de corrupción. La Plaza de Toros en el distrito La Victoria fue también tema de litigio (sobre esta se presentó un laudo arbitral), también terrenos y bienes del Estado.

La comisión investigadora ha citado para su sesión del martes 15 a la ministra de Salud, Midori de Habich; al Superintendente de Banca y Seguros, Daniel Schydlowsky; y al alcalde de San Borja, Marco Álvarez.

Para las próximas sesiones se espera la presencia de la procuradora para lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo; y el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre el cual se estudiará la posibilidad de levantar el secreto bancario a los investigados.

 

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