El alcalde de la Municipalidad de La Florida decidió iniciar una plantación “simbólica” de marihuana en un predio del municipio, como primer paso para comenzar un cultivo destinado a fines terapéuticos para enfermos de cáncer. La autoridad se escuda señalando que solicitó los permisos respectivos al SAG, pero que ante la falta de pronunciamiento del organismo, se entiende que operó el “silencio administrativo”.
Esta acción es del todo inconveniente, pues además de desvirtuar las funciones propias de una autoridad edilicia, banaliza un tema de especial profundidad como es el uso de drogas y el consumo de marihuana. Recientemente se han conocido los resultados del Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, que dan cuenta del alarmante aumento del uso de marihuana en los adolescentes. Con ocasión de ello, diversas organizaciones científicas han vuelto a alertar sobre los riesgos del consumo de marihuana, y la necesidad de que las políticas públicas eviten señales equívocas o contradictorias.
Resulta inexplicable que un alcalde decida ponerse al límite de la legalidad iniciando la plantación de semillas de marihuana, y que con su actuar pueda debilitar la acción preventiva y persecutoria que le cabe al Estado, porque la ciudadanía advierte una contradicción entre la severidad para sancionar delitos relacionados con sustancias ilícitas y la impunidad con que se pretende llevar a cabo este tipo de plantaciones. Si una autoridad pretende llamar la atención respecto de alguna política pública, como por ejemplo promover el uso de la marihuana con fines terapéuticos, debe utilizar los canales institucionales apropiados y evitar actos reñidos con la ley.
Es legítimo que la sociedad debata sobre una política acerca de las drogas, pero los alcances de dicha discusión obligan a que el tema sea abordado con profundidad y altura de miras.