Esta mañana se llevó a cabo el desayuno de trabajo para periodistas “Plataforma La Oroya por un cambio” en el Hotel Meliá. El ex viceministro del Ministerio del Ambiente, José De Echave y la representante del Movimiento por la Salud de La Oroya, Rosa Amaro expusieron las consecuencias negativas de una probable reinicio de la operaciones del Centro Metalúrgico de La Oroya.
El tema de La Oroya debe ser enfocado desde varios puntos, dijo De Echave. El primero es el incumplimiento de la empresa en la ejecución del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Desde 1997, Doe Run debió haber invertido $129 millones de dólares en la ejecución de proyectos de adecuación del complejo metalúrgico a la legislación ambiental vigente. El 2007 se cumplió el plazo y ningún proyecto fue ejecutado. Durante este periodo el PAMA tuvo 4 modificaciones: 19/10/1999 (tratamiento del agua madre); 10/04/2001 (tratamiento de efluentes líquidos); 25/01/2002 (tratamiento de efluentes líquidos); y el 03/04/2004 (declarada improcedente); y dos ampliaciones: el 2006 en el gobierno de Toledo y el 2009 en el gobierno de García.
En total han sido 9 los proyectos de inversión para reducir los daños al medio ambiente con los que Doe Run no ha cumplido. El más importante fue la construcción de una planta de ácido sulfúrico valorizado en $ 107 millones de dólares. Su construcción era de vital importancia para la disminución de emisiones de dióxido de azufre al ambiente.
“Con estas concesiones a Doe Run le damos un pésimo mensaje a los inversionistas. El que no cumple con los acuerdos termina siendo el más favorecido”, dijo De Echave.
El segundo punto mencionado por De Echave fue el proyecto de ley presentado en el Congreso de la República que le permitiría a Doe Run reiniciar las operaciones del Centro Metalúrgico La Oroya. El proyecto presentado por el congresista Casio Faustino Chuquichaico, de Alianza Parlamentaria, busca darle un nuevo plazo a Doe Run para la culminación de la construcción de la “Planta de Ácido sulfúrico y modificación del circuito del cobre”. Esta vez el plazo sería de 24 meses, tiempo en el que la minera adecuaría su infraestructura para el cumplimiento del PAMA, el cual tiene por finalidad que las empresas reduzcan sus niveles de contaminación y no dañen irreversiblemente el ecosistema.
Sin embargo, el historial de omisiones de Doe Run la condenan ¿Qué garantizaría que esta vez Doe Run cumpla?
“Este proyecto de ley pretende otorgarle varias concesiones a una de las mineras más contaminantes del país. Hay varios artículos que nos preocupan. Es una propuesta flexible, sumamente favorable para la empresa y en contra del bienestar de la población”, dijo De Echave. Hay que recordar que La Oroya figura entre las diez ciudades más contaminadas del mundo y mientras Doe Run facturaba, entre el 2005 y 2009, utilidades netas por $ 504 millones de dólares, más niños seguían siendo contaminados por las emisiones de gases tóxicos del complejo metalúrgico como cadmio, arsénico y plomo. El incremento de las ganancias de Doe Run no iba de acuerdo a sus obligaciones ambientales.