Martes 03 de diciembre 2024 | Contáctenos
Hoy 17 de febrero a las 4:00 p.m. un grupo de representantes de organizaciones de derechos Humanos se reunió con el embajador de España en Lima, Juan Carlos Sánchez Alonso para entregarle una carta abierta al gobierno español rechazando la condena del Juez Baltazar Garzón.
La delegación que llevó la carta con más de 100 adhesiones a nivel internacional, está formada por Francisco Soberón, Director Ejecutivo de Aprodeh, Rocío Silva Santisteban – Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, Ronal Gamarra, Ex Secretario Ejecutivo de la CNDDHH y Carmela Sifuentes, Presidenta de la CGTP.
EL Juez Baltazar Garzón fue inhabilitado por 11 años y ahora espera la resolución de un segundo juicio, el de los crímenes del franquismo. Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
CARTA ABIERTA AL GOBIERNO Y AL PODER JUDICIAL ESPAÑOL
Las organizaciones de derechos humanos de diferentes países abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra gran preocupación frente a la criminalización de la actividad judicial del Juez Baltasar Garzón.
El Juez Baltasar Garzón Real ha sido condenado en única instancia (y, por tanto, vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos) el 9 de febrero de 2012, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España a la pena de 11 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de juez, con pérdida definitiva de su función judicial. Este procedimiento fue abierto por la investigación que realizó en el denominado caso de corrupción política «Gürtel» que involucra a miembros del Partido Popular. Garzón fue condenado por haber ordenado la interceptación de las comunicaciones de los detenidos que habrían seguido delinquiendo desde la cárcel con el apoyo de algunos de sus abogados. En casos similares, otros jueces españoles nunca fueron enjuiciados, al ser cuestiones concernientes al régimen procesal interno del caso. El Fiscal solicitó su absolución. El Tribunal Supremo negó la práctica de pruebas solicitadas por la defensa del juez Garzón, así como negó las recusaciones planteadas contra algunos de los magistrados que no eran garantía de independencia e imparcialidad frente al juzgamiento.
Además, el Juez Garzón acaba de ser juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo. Este procedimiento se inició por la denuncia de un sindicato de la extrema derecha española y, en estos momentos, está pendiente de dictarse sentencia. En este caso, también, el Fiscal ha solicitado su absolución. Garzón fue juzgado precisamente por cumplir con sus obligaciones con el Derecho internacional de los Derechos Humanos y amparar a las víctimas de crímenes contra la humanidad. En esta causa, el Juez Garzón es acusado del presunto delito de prevaricación, por haber aceptado y asumido que es deber judicial investigar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y en particular la de exhumar las fosas comunes donde siguen sin identificarse a las víctimas de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de 114.266 personas.
Y, por último, se le investigó por los cursos impartidos en la Universidad de Nueva York, hasta que el pasado 13 de febrero de 2012, la justicia archivó la causa por prescripción.
Consideramos que la conjunción temporal de estos tres diferentes procesos y el origen de los querellantes evidencian la persecución de que es víctima Baltasar Garzón Real. Esta sentencia y estos procesos afectan la credibilidad del poder judicial en España, que en su momento mereciera el reconocimiento de amplios sectores de la comunidad internacional por el rigor y empeño en causas de jurisdicción universal, de lucha contra el crimen organizado, que de manera particular simbolizara Garzón arriesgando su vida.
Por ello hacemos nuestras las preocupaciones expresadas por un grupo de expertos de Naciones Unidas, encabezados por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y los cinco expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias: “Es lamentable que el Juez Garzón pudiese ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”, “La defensa del Estado de derecho requiere un compromiso incondicional con la justicia y los derechos humanos. En el pleno respeto de la independencia y autonomía de la judicatura, los supuestos errores en decisiones judiciales no deben ser motivo para la remoción de un juez y, menos aún, para el inicio de un proceso penal”, observó la Relatora Especial. “La autonomía en la interpretación de la ley es un elemento fundamental en el rol del juez y para el avance de los derechos humanos”.
“Ningún juez debe tener temor a ser independiente en sus funciones,” afirmó la Relatora Especial y añadió: “Si bien los jueces tienen que rendir cuentas del desempeño de sus funciones, todas las medidas que se tomen al respecto tienen que ajustarse a las normas y salvaguardias necesarias, incluyendo los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura”.
Por ello, para nosotros es inaceptable y lamentable que en una democracia como la española se vulnere de esta forma la independencia de la justicia criminalizando a un juez que utilizó esta independencia, entre otras, para aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en sus decisiones judiciales.
Como organizaciones también manifestamos nuestro reconocimiento al Juez Baltasar Garzón porque sus actuaciones independientes, rigurosas y conforme a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos han contribuido a fortalecer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, en nuestros países, haciéndose acreedor de un merecido reconocimiento mundial.
Por esas razones les instamos a garantizar la independencia e imparcialidad judicial y anunciamos y reiteramos nuestro apoyo a Baltasar Garzón Real en los procedimientos que contribuyan al restablecimiento de su buen nombre y a su condición de magistrado.
Francisco Soberón Garrido Rocío Silva Santisteban
Director Ejecutivo de APRODEH Secretaria Ejecutiva
Encargado de Misión FIDH Coordinadora Nacional de
ex Secretario Ejecutivo Derechos Humanos
Coordinadora Nacional de DDHH
Carmela Sifuentes Hinostroza Ronald Gamarra Herrera
Presidenta Ex Secretario Ejecutivo
Central General de Trabajadores del Coordinadora Nacional de
Perú –CGTP Derechos Humanos
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Perú
Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política - CONAVIP
Centro de Atención Psicosocial (CAPS)
Centro de Desarrollo Étnico (CEDET)
Centro para el Desarrollo Humano - Apurímac (CDH)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Comisión de Justicia Social (CJS)
Instituto Bartolomé de las Casas
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP)
Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES)
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer - DEMUS
Grupo Impulsor contra el racismo y otras formas de discriminación - GIM PERU
Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP
Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú - FTCCP
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo -ANC
Asociación de Comunicadores Sociales – CALANDRIA
Centro de Desarrollo Andino – SISAY
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Instituto de Desarrollo Urbano – CENCA
Sindicato de Docentes de Educación Superior – SIDESP
Asociación Paz y Esperanza
Personas
Pilar Coll Torrente, C.E. 000226753, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Rosa María Mujica Barreda, 06985289, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Doris Caqui Calixto – DNI 04064152, Presidenta de CONAVIP
Michel Azcueta, DNI 08892001, Escuela Mayor de Gestión Municipal
Germán Vargas Farías, Director Ejecutivo de Paz y Esperanza
Félix B. Cuenca Vásquez, DNI 06895528
William Soberón Guevara, Periodista de Prensa Digital del Perú
Gloria Gamarra Díaz – CONAVIP
Glinca Luyeva Llanqui – CONAVIP
Organizaciones internacionales
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
FIAN International
Fundación Diáspora Solidaria
Afganistán
Armanshahr/OPEN ASIA
Alemania
Nürnberger Menschenrechtszentrum (NMRZ)
Argentina
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Asociación Americana de Juristas
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Provincial por la Memoria
Comité de Acción Jurídica (CAJ)
Bolivia
Asamblea
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