La reforma del sistema penitenciario avanza a paso firme, ya que, a través de una resolución ministerial, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, delegó al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, una serie de facultades.
Mediante esta norma, el titular del INPE podrá autorizar la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos de inversión pública. Asimismo, la ejecución de los proyectos de inversión pública declarados viables y que no hayan sido aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura del INPE.
Estas medidas, que se podrán adoptar en un solo acto, buscan agilizar el plan de inversiones del sistema penitenciario, dentro del marco de políticas de mejoramiento y modernización de los penales del país.
Cabe recordar que el 13 de abril último el ministro Jiménez y Pérez Guadalupe presentaron el plan de reforma del sistema penitenciario nacional, con el cual se espera reducir de 100 a 41 por ciento el hacinamiento en las cárceles del país.
En aquella ocasión, Jiménez Mayor precisó que el plan busca evitar que la tendencia actual de ingreso de internos a penales, a un ritmo de mil personas al mes, lleve a que las prisiones eleven los más de 56 mil reclusos, con que cuentan actualmente, a 106 mil (280% de hacinamiento) en 2016.
Por su parte, el presidente del INPE dijo que priorizar la inserción social plena será el principal objetivo de la reforma penitenciaria, buscando reducir la tasa de reincidencia del 30% actual a 15%.