Rosa Mavila sobre Óscar Valdés: A ese señor ya se le cayó la hoja de parra

Rosa Mavila, abogada y Congresista de la República, conversa con “LA LEY” y expone sus puntos de vista en torno a temas vinculados a la reforma constitucional, lucha contra la corrupción, sistema penitenciario y conflictos sociales. Al mismo tiempo, nos brinda algunas reflexiones sobre la coyuntura política actual y explica las razones de su alejamiento de la bancada de Gobierno en el Parlamento.

Sobre la reforma constitucional como oferta electoral

Ollanta Humala, señaló durante la campaña que la Constitución de 1993 no viabilizaba el proyecto de transformación del país. ¿Usted cree que para el “actual presidente” la Constitución de 1993 sí posibilita la transformación del país?

Durante la campaña diversos sectores sociales y políticos sostuvimos la necesidad de redefinir el orden constitucional vigente. Sin embargo, existen sectores que siendo arrebatadoramente defensores de la Carta de 1993 tratan de defender la idea impuesta bajo la cual al Estado solo le corresponde un  rol subsidiario en temas económicos y sociales. Nosotros, por el contrario, creemos que el Estado debe asumir un rol protagónico y tuitivo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros creemos que es necesario abrir un debate nacional sobre algunas reformas constitucionales. Sin embargo, y siendo pragmáticos, debo decir que para reformar la Constitución necesitamos cuando menos 87 votos, una mayoría que en la actualidad no tenemos.

A propósito de las reformas constitucionales: ¿Recuerda usted algunas de las propuestas de reforma constitucional planteadas por el presidente el 28 de julio?

No, no las recuerdo. Le agradecería que me refresque la memoria (paso a refrescarle la memoria).

¿Comparte la propuesta del presidente de modificar la Constitución para que los delitos de corrupción de funcionarios sean imprescriptibles?

Son varios países en los cuales se plantea esta opción. En nuestro país, si la memoria no me falla, entre el año 90 y 2000 se presentaron 15 proyectos de ley con ese objetivo. En la actualidad tenemos dos propuestas sobre este tema: la reforma del artículo 41 de la  Constitución y la duplicación de las penas para este tipo de delitos. Asimismo, también se contempla la posibilidad de inhabilitar de modo perpetuo al funcionario público corrupto. Por otro lado, debemos precisar si la imprescriptibilidad correría únicamente para el funcionario corrupto o si también opera para el privado corruptor. Pero más allá de ello, lo que debe quedar claro es que no se puede permitir que en nuestro país opere el robo sistemático de los recursos públicos como ocurrió durante el Gobierno de Fujimori. Por eso debemos ser firmes en esta lucha, no podemos dejar que la impunidad se generalice.

Yo creo que lo ideal sería reformar la Constitución, pero dado el escenario parlamentario actual, creo que la propuesta más viable es optar por la duplicación o triplicación de las penas para los delitos de corrupción.

Sobre la lucha contra la corrupción

Ya que hablamos de corrupción: ¿Imaginó Ud. que el presidente nombraría como ministros de Estado a dos personalidades muy cercanas al fujimorismo como Óscar Valdés y Wilver Calle?

No, ni en mis peores noches de sueños detestables imaginé lo que Ud. señala. Este tipo de actos, tal como lo expuse en mi carta de renuncia a la bancada oficialista, demuestran que no existe coherencia entre lo que se dijo y lo que se está haciendo. Para mí, como para otros, estos nombramientos demuestran que quienes están gobernando son los que perdieron las elecciones. Ha llegado el momento de cuestionar esa práctica esquizofrénica de ofrecer una cosa para luego hacer todo lo contrario a lo ofrecido.

¿No fue un error del presidente y de su bancada blindar a Omar Chehade en el caso de las Brujas de Cachiche? A muchos nos sorprendió su repentina inasistencia a esa sesión.

Bueno yo quiero decirle que mi inasistencia fue un acto de resistencia, porque había una presión para que se asistiera a blindar a Omar Chehade. Yo no podía blindar a Chehade, mi moral y ética me lo impedían. Pero tiene Ud. razón, quizá lo mejor hubiera sido asistir votando en contra del blindaje. Sin embargo, evaluando el tema desde un punto de vista estrictamente jurídico, yo creo que el informe de Marisol Pérez Tello carecía de sustento. Ahora bien, es cierto también que Chehade recibió una sanción ética por su conducta, perdió el cargo de vicepresidente y fue separado del Parlamento. Pero, es cierto también que este tema fue sobredimensionado por el PPC y el fujimorismo, detrás de quienes se ubicó la derecha mediática y los grupos de poder que habían perdido las elecciones. Lo triste es que con Chehade y otra persona más, conformábamos el trío que supuestamente iba a luchar contra la corrupción.

¿No siente usted vergüenza de haber pertenecido a una bancada que encabeza la lista de sancionados por la comisión de ética del Congreso?

No solo eso. Esa es una responsabilidad que debemos asumir. Pero detrás tenemos un tema de fondo mucho más complejo. En nuestro país carecemos de un sistema sólido de partidos. Esto hace que en cada campaña se trate de incorporar a gente que atraiga caudal electoral y apoye económicamente. Eso hace que al Parlamento lleguen personas como las que Ud. me ha nombrado (le recordé la lista de parlamentarios de Gana Perú sancionados). Por eso es preciso impulsar una reforma electoral que ayude a mejorar nuestro sistema político sancionando por ejemplo a congresistas que han dado información falsa al momento de presentar su hoja de vida. Pero también es hora de acabar con el cinismo y la doble moral, desterrar frases tan nacionales como “nosotros matamos menos y reactivamos el país” o “robó pero hizo obra”. Eso se tiene que acabar.

Sobre el sistema penitenciario

¿Qué propuestas de reforma al sistema penitenciario planteó el presidente cuando era candidato?

Para ser sincera, no se planteó ninguna propuesta de reforma penitenciaria. La realidad y vorágine electoral nos atrapó. El programa de la “gran transformación” es el más amplio de todos los presentados. Pero para ser sinceros, debo decir que ninguna fuerza política planteó propuestas en este terreno, salvo cinco líneas en el plan de Alejandro Toledo. Fue en el contexto de la campaña en donde debatimos el tema y confrontamos posiciones. La nuestra fue una posición sistémica y racionalista frente al populismo punitivo de nuestro oponente.

El Estado reduce el tema del combate de la delincuencia al aumento de penas y eliminación de beneficios penitenciarios. Eso me parece un absurdo. ¿Ud. que opinión tiene al respecto?

Yo comparto esa opinión. Fíjese Ud., en la actualidad tenemos un movimiento que abraza las tesis del populismo punitivo y plantea tres cosas básicas: aumento desproporcionado de las penas, eliminación o recorte de beneficios penitenciarios y ampliación de la imputabilidad para menores con 16 años de edad. Eso trae problemas de tugurización, hacinamiento y criminalización al interior de los propios penales. Esta es una lógica perversa y antisistémica. Esta es una idea errada, ya se ha probado que elevar las penas no trae como consecuencia la reducción de la criminalidad.

¿Está a favor de la eliminación de beneficios penitenciarios a sentenciados por delito de terrorismo o violación sexual?

Ahora bien, con respecto al terrorismo, debemos tener en cuenta que el perfil de este tipo de criminales es muy particular, por eso es necesario un sistema de monitoreo para quienes recuperan la libertad. Yo creo que frente a los líderes y cabecillas terroristas, debemos actuar con total severidad. Lo mismo para quienes cometen delitos de violación sexual contra los niños. Incluso, para ambos casos yo elevaría las penas a 25 años. Pero ojo, ninguna política penitenciaria funciona si los internos no cuentan con condiciones de habitabilidad y políticas de rehabilitación social y educativa al interior de los centros penitenciarios que les permitan resocializarse y reincorporarse a la sociedad.

¿Ud. cree que el Gobierno cumplirá su objetivo de construir dos penales por año?

Bueno, en parte la meta ya se ha logrado con la construcción del penal de Piedras Gordas 2 y con el penal de Huaral. Pero el tema es más complejo, el Director del INPE, ha señalado que por mes ingresan 1000 internos a nuestras cárceles. Eso quiere decir que para cubrir esa brecha necesitamos por lo menos la construcción de 10 penales por año. Esa meta es imposible. No solo se requieren penales sino un mejor presupuesto para el sector, necesitamos aumentar los sueldos a los trabajadores penitenciarios. Debemos entender que el problema penitenciario se relaciona con el de seguridad ciudadana. Para ser sincera, y luego de conversar con el Ministro de Economía Luis Castilla, yo creo que su visión ortodoxa le impide comprender la naturaleza e importancia de este problema.

¿Sigue mostrando escepticismo frente a la propuesta de concesionar la administración de las cárceles al sector privado?

Mire, como dicen otros colegas, ahora que el hacinamiento es de tal magnitud no nos oponemos a nada. Pero debemos ir con cuidado. Había una propuesta en la cual el Estado ponía todo el capital y los privados se encargaban de la gestión únicamente. Es decir, los privados no asumían ningún riesgo en la inversión. Entonces, si eso es así, mejor destinemos esos recursos al INPE y fortalezcámoslo como institución, para mejor y modernizar su capacidad de gestión.

Sobre los conflictos sociales

¿Tiene el actual Gobierno una política definida en materia de solución de conflictos sociales?

Yo creo que la tuvo. Creo que el ex premier Lerner tenía una política basada en el diálogo, la concertación y la búsqueda de consensos. Pero mientras Lerner la desarrollaba, el actual Premier Óscar Valdés lo saboteaba, eso fue lo que en la práctica ocurrió. Ahora, tienen una política antidemocrática, basada en la represión, en la declaratoria de estados de emergencia y en la detención de los dirigentes locales.

¿Cometió Gregorio Santos el delito de rebelión al recordarle al presidente lo que ocurrió en otros países con mandatarios que incumplen sus promesas?

No, claro que no. El tipo penal de rebelión dice claramente: “el que se alza en armas”. Hablar en un discurso no es pues alzarse en armas. Eso es parte del derecho a la libertad de opinión que todo ciudadano tiene en una democracia. ¿Acaso lo mismo no ocurrió durante el Gobierno de Toledo, cuando García pedía su vacancia? Yo no creo en la vacancia y discrepo totalmente de Santos en este punto, pero respeto su derecho a expresarse con libertad.

¿No fue acaso inconstitucional la detención y el traslado a Ica del alcalde de Espinar para ser juzgado en esa localidad?

Claro que sí. Yo creo que se violó flagrantemente el principio del juez natural. Además, las reglas de la competencia son muy claras. El Código establece supuestos que no eran de aplicación en este caso puntual. Incluso, al alcalde se lo pudo llevar a Cuzco, pero nunca a Ica. Yo en particular no creo que en Espinar peligrara la integridad de los jueces o que no se pudiese llevar a cabo el proceso. Recuerde que el estado de emergencia ya había sido declarado. Lo curioso es que era el propio alcalde el que buscaba condiciones para dialogar, es decir, a la persona que busca concertar se la toma prisionera, esa es una muestra de absoluta irracionalidad.

¿Está de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional para que el Parlamento pueda censurar e interpelar a los presidentes regionales?

Yo estoy en absoluto desacuerdo. Lo que en realidad tenemos detrás de todo esto es la visión centralista y capitalina que desde Lima pretende solucionar la problemática regional. Eso se evidencia cuando se señala que todos los que se oponen  a Conga, por ejemplo, son irracionales o ignorantes. Somos incapaces de mirar el problema desde la óptica de un campesino cajamarquino que se preocupa por sus recursos y por el desarrollo de actividades como la ganadería y agricultura.

Sobre la coyuntura política y el camino elegido por el Presidente

Hace algunos días el premier Oscar Valdés le dijo al Perú entero que Ollanta Humala debía olvidar sus promesas electorales. Al día siguiente, el mismo personaje retiró lo dicho y señaló que sí cumplirá sus promesas electorales. ¿Se puede ser Premier así?

No, ese señor debe irse. Como dice Sinesio López, a ese señor ya se le cayó la hoja de parra, está desnudo políticamente y exhibe su visión dictatorial, fujimorista y antidemocrática.

¿Ud. cree que corremos el riesgo de entrar en un proceso de mayor autoritarismo?

Yo tengo la esperanza de que cuando se vaya Óscar Valdés se abra un escenario de diálogo y paz.

¿No fue acaso el propio presidente Ollanta Humala quien les enseñó a los pobladores de Cajamarca y a todo el país, que el agua era más importante que el oro?

El presidente es bastante incongruente en este punto, para usar un término respetuoso. Hay un giro político evidente. Como dice Domingo García Belaunde, al cual no pueden tildar de rojo, caviar, comunista o extremista, por qué estamos tan desesperados en que “Conga vaya”. Nosotros como país debemos dar el salto cualitativo, dejar de lado el modelo primario exportador, invertir en ciencia y tecnología y apostar por un desarrollo sustentable. Además, con el nuevo incremento de los tributos que le hemos autorizado al Gobierno se obtendrán más recursos que los que podría tributar el capital minero.

¿Tiene Ollanta Humala el deber moral y político de explicarle a un tercio del país que el proyecto político por el cual votaron ya no es su prioridad?

Yo creo que tiene el deber moral de hablar la verdad. No puede ser que después de nuestra renuncia, en un contexto en el que le recordamos que no está haciendo lo que prometió, Ollanta salga a decir que a pesar de los radicales o los extremistas, la “gran transformación” se llevará a cabo. Primero, Ollanta no debe olvidar que el autor de la “gran transformación y hoja de ruta”, fue Félix Jiménez, quien no forma parte del Gobierno pero que permanece en “Ciudadanos por el Cambio”. Segundo, que los congresistas fuimos elegidos con el programa de la “gran transformación”. Tercero,  que él ganó la primera vuelta con ese mismo programa. Y cuarto, que muchos de los que lo apoyaron en la segunda vuelta lo hicieron oponiéndose al fujimorismo. Luego, no es posible que ahora se pretenda una modificación total de la oferta electoral.

Algunos peruanos estamos preocupados por la salud del presidente. Creemos que sufre de amnesia u olvido prematuro. ¿Ud. comparte esa preocupación?

Hay un verso indigenista que dice: “por qué sin motivo alguno empiezas a olvidarme, yerbas del olvido habrías comido, por qué sin motivo piensas olvidarme”, (risas). Yo creo que él ha optado por una forma pragmática de hacer política. Yo, en cambio, pienso que lo que el país necesita es ética en la política. Eso supone coherencia y honestidad para hacer y actuar de acuerdo a lo que se ofrece y promete.

¿Ud. ya no cree que Ollanta Humala lleve adelante la gran transformación, verdad? Más aún: ¿Ud. ya no confía en la palabra de Ollanta Humala, no?

Yo creo que salvo que el pueblo se lo imponga, Ollanta Humala no será capaz de llevar adelante ese proyecto. El presidente ha optado por el pragmatismo, hará algunas cosas para mantener una clientela, pero no más, porque un proyecto político requiere de un convencimiento y compromiso profundo que él no tiene.