Adquisiciones de inmuebles en las Casuarinas fueron hechas con fondos legalmente transferidos

Las sospechas de un presunto lavado de activos o de enriquecimiento ilícito en la adquisición de inmuebles en Santiago de Surco, en la que supuestamente estaría implicado el expresidente Alejandro Toledo, “han sido totalmente desvanecidas” al haberse demostrado la licitud de la procedencia de los fondos y no haber ningún elemento indiciario que pruebe lo contrario.

Lo aseguró el jueves 19 el letrado Julio Mazuelos Coello, abogado del empresario israelí Josef Maiman Rapaport, quien aportó los fondos para esas operaciones; de Sabih Saylan, gerente de empresas y hombre de confianza del anterior, y de Avraham Avi Dan On, exasesor en cuestiones de seguridad de Toledo Manrique.

Mazuelos se presentó, a su propia solicitud, en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Vicente Zeballos Salinas (SN) para reseñar la participación de sus tres representados, y recordar que el empresario Maiman había acreditado con pruebas ser el titular de las cuentas de donde salieron los fondos empleados en las adquisiciones de inmuebles.

El abogado se encargó de aclarar la presunción de irregularidades en la adquisición de inmuebles por parte de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario, y sobre el origen de los fondos con que adquirió una residencia, tres estacionamientos vehiculares y un depósito en la urbanización Las Casuarinas del distrito de Santiago de Surco.

Al inicio de su exposición dijo que las sospechas se originaron porque se trataba de una compradora que no podía demostrar solvencia económica objetiva; porque es la madre de la esposa de Toledo, Eliane Karp, lo cual hizo presumir que el dinero provenía de algún ilícito cometido durante su gestión presidencial, entre el 2001 y 2006.

A esas presunciones se sumaron las coincidencias de la visita a San José de Costa Rica de la pareja Toledo-Karp, de Dan On y de Fernenbug en la fecha en que se constituyó la empresa offshore (subsidiaria) Ecoteva Consulting, a través de la cual Maiman transfirió los fondos para la adquisición de los inmuebles, aparte de las contradicciones en que habría incurrido el expresidente.

El abogado Mazuelos refirió que sus representados habían entregado 35 certificados bancarios de igual número de depósitos y transferencias hechas por Maiman desde el LGT Bank, de Liechtenstein, al Scotiabank de Costa Rica, para la constitución de empresas en este país, entre ellas Ecoteva, desde las cuales emprender operaciones financieras en Colombia, Honduras y Brasil, y negocios inmobiliarios en el Perú.

“Todas las operaciones están bancarizadas y respaldadas con los certificados emitidos por las respectivas instituciones financieras… (Esas operaciones) han sido investigadas por las unidades financieras de Suiza y Costa Rica y no se ha encontrado nada ilegal. ¿De qué enriquecimiento ilícito o lavado de activos se habla?”, se preguntó.

Recordó también que Toledo no aparece como titular de ninguna cuenta. Él y su esposa se limitaron a buscar los inmuebles a adquirir por encargo de Maiman, quien, además, nombró a Eva Fernenbug por razones de amistad y de confianza, e hizo intervenir a Dan On para que la apoyara en su gestión.

A lo anterior se suma que Maiman ha acreditado ser titular de todas las cuentas bancarias, presentando las pruebas requeridas, por lo que no se puede recurrir a pruebas indiciarias para levantar sospechas, agregó Mazuelos.

Respecto al pago de las hipotecas de dos inmuebles de propiedad de Toledo (Camacho y Punta Sal), el abogado recordó que se trató de un préstamo personal pactado entre dos personas particulares, que debió estar protegido por la confidencialidad, pero se hizo público para desvirtuar las presunciones de ilegalidad.

Dijo que el empresario había reservado 500 mil dólares para refaccionar o remodelar los inmuebles adquiridos, y los prestó a su amigo Toledo en una operación totalmente lícita y entre dos personas privadas, teniendo en cuenta también que este es un ciudadano común, pues dejó la presidencia hace siete años.

Finalmente, pidió a la Comisión analizar y estudiar todas las pruebas presentadas a la luz de la ley de sociedades mercantiles, antes de emitir su informe final.

No obstante las explicaciones del abogado, el legislador Alejandro Aguinaga (FP) propuso que el titular de la Comisión insistiera ante la Mesa Directiva que se apruebe el pedido para contratar una empresa internacional que haga el seguimiento de los fondos empleados en la cuestionada adquisición de los inmuebles de Las Casuarinas.

Al pedido se sumó su colega de bancada Juan Díaz Dios, quien comentó que de esa forma se podrá recabar las pruebas que permitan descartar todas las hipótesis esgrimidas en este caso.

Por su parte, José León (PP) opinó que era una indagación innecesaria que solo conduciría a recabar los mismos documentos y certificados que obran en poder de la Comisión y que han sido confirmados por la 48 Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, que también investiga las mismas adquisiciones.