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Sábado 04 de enero 2014

En sesión permanente debatirán y votarán informe sobre supuesto lavado de activos

Comisión de Fiscalización propone acusar a expresidente Alejandro Toledo.
En sesión permanente debatirán y votarán informe sobre supuesto lavado de activos
Foto: presidencia.gob.pe

La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Vicente Zeballos Salinas (SN), se declaró en sesión permanente para, a partir del lunes 6, iniciar el debate del proyecto de informe final de la investigación realizada en torno a las adquisiciones de inmuebles por parte de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, cuya sustentación se realizó en sesión extraordinaria realizada el viernes 3.

El informe preliminar, leído por el titular del grupo legislativo, recomienda que, en uso de sus respectivas atribuciones, el Ministerio Público investigue al expresidente Alejandro Toledo y a varias personas de su entorno por los supuestos delitos de lavado de activos y asociación ilícita, tipificados en los primeros seis artículos del DL 1106 y en el artículo 317º del Código Penal, respectivamente.

Según el documento leído, se habría identificado “indicios razonables” de la comisión de esos ilícitos en Toledo y en su esposa, Eliane Chantal Karp Fernenbug; su suegra, Eva R. Fernenbug; el empresario israelí y amigo suyo, Josef Arieh Maiman Rapaport; su exjefe de seguridad, Avraham Dan On, y en el abogado David Ezquenazi Becerra, quien representó a Fernenbug en la suscripción de la minuta de compra-venta de los inmuebles cuestionados.

Recomendaciones

El borrador del informe recomienda también a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) que tome acciones administrativas a fin de determinar “posibles incumplimientos de obligaciones tributarias y de evasión de pago de impuestos” por parte de Toledo, Karp y Fernenbug, ya que “no registran presentación de las Declaraciones Anuales de Impuesto a la Renta por los ejercicios 2010, 2011 y 2012”.

El proyecto de informe final contiene las conclusiones a las que arribó la Comisión de Fiscalizació, investida de facultadas de comisión investigadora que le otorgó el Pleno del Congreso el 17 de julio del año pasado, oportunidad en que se le dio un plazo de 120 días hábiles para el efecto.

En ese lapso de tiempo, hubo varias sesiones ordinarias y 14 extraordinarias, con el objetivo de investigar las presuntas adquisiciones irregulares de inmuebles por parte del exmandatario y otras personas vinculadas a él, y el origen de los fondos para la adquisición de una residencia, una oficina, tres estacionamientos vehiculares y un depósito, ubicados en el distrito de Santiago de Surco, así como el pago de las hipotecas de dos inmuebles de propiedad de matrimonio Toledo–Karp.

También se buscó determinar la forma en que se constituyó la empresa Ecoteva Consulting Group S.A., que proveyó los fondos para esas operaciones, “la participación de los investigados en su constitución, y determinar al o los propietarios de los inmuebles materia de la presente investigación”.

Presuntas responsabilidades

El proyecto de informe final señala la presunta responsabilidad de Toledo y su entorno en la presunta comisión del delito de lavado de activos, en tanto participaron en la constitución de Ecoteva -en un centro financiero de empresas ‘off shore’- que administraba fondos cuya procedencia no se ha determinado con certeza.

Respecto a Toledo Manrique, el preinforme señala que “habría desarrollado su actividad más allá del rol regular de una persona que se interesa por los negocios de sus familiares o amigos… (y) “participó en las negociaciones para la adquisición de bienes inmuebles y gestionó el pago de hipotecas a su favor con los fondos administrados por dicha empresa”.

En el caso de Josef Maiman, se afirma que este “presentó documentación financiera referida al presunto origen de los fondos de la empresa Ecoteva, y no logró acreditar la titularidad de la totalidad de los fondos de la empresa”. Además, “los documentos presentados son contradictorios” (y) “constan en documentos privados que no tienen la calidad de fecha cierta”.

Se agrega que no ha logrado “acreditar que los fondos de Ecoteva son de su propiedad, por las inconsistencias señaladas respecto de las declaraciones de los investigados, en especial de Dan On y Fernenbug en contradicción con las suya, y por la ausencia de idoneidad de los documentos aportados para acreditar la efectiva celebración de los contratos de fideicomiso que refiere”.

Sobre Eva Fernenbug, se dice que “habría desarrollado su actividad más allá del rol regular de una inversionista o empresaria (…), constituyó una empresa que administró fondos cuya procedencia no se ha determinado con certeza” (…), “participó en las negociaciones para la adquisición de bienes inmuebles a su nombre”, e “impartió instrucciones para que se efectúe transferencias desde su cuenta personal para el pago de hipotecas de las casas de su yerno” (casas de Punta Sal y Camacho).

El documento señala también que Avraham Dan On “asesoró a Fernenbug, coordinó con ella lo referido a la constitución de Ecoteva, y estuvo informado del estado y los movimientos de las cuentas de la empresa”.

Además, “por intermedio de sus empresas Milan Consulting Group SA y Ecostate Consulting Group SA, se habría transferido a Ecoteva Consulting Group SA sumas de dinero sin ningún vínculo contractual que lo justifique legalmente”.

Respecto a Eliane Karp su presunta responsabilidad radicaría en que coordinó y participó en la elección del inmueble de Las Casuarinas. “Tiene pleno conocimiento de que los fondos, a través de los cuales se pagaron las hipotecas de sus inmuebles en Punta Sal y Camacho, provenían de Ecoteva”; tuvo conocimiento de la constitución de esta empresa, e “influyó para que su propia madre sea la persona titular de dicha empresa”.

Por último, del abogado David Ezquenazi, el documento refiere que “coordinó con el notario Melvin Rudelman en relación con el contrato de mutuo hipotecario; además coordinó con el notario la transcripción y suscripción de dicho contrato, con conocimiento de que en este país no es usual este tipo de contratos, con la finalidad de sustentar la transferencia de dinero por parte de esta empresa a Eva Fernenbug.

Esa conducta de Esquenazi podría configurar alguna de las modalidades del delito del lavado de activos en calidad de partícipe–cómplice primario de los demás investigados.

Para iniciar el debate y eventual votación del proyecto de informe final, la Comisión se reunirá el lunes 6 a partir de las 10 de la mañana.

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