Miércoles 29 de abril 2026 | Contáctenos
El Congreso de la República aprobó por mayoría el proyecto de ley que obligaría a la instalación de desfibriladores externos automáticos (DEA) en establecimientos públicos y privados donde se concentre un determinado número de personas, con el objeto de disminuir la tasa de muerte súbita cardíaca.
El dictamen, emitido por la Comisión de Salud y sustentado por su presidente, Joaquín Ramírez Gamarra (FP), propone que los DEA sean instalados en terminales aéreos, marítimos o terrestres nacionales e internacionales; centros comerciales, estadios, coliseos, gimnasios; locales y salones donde se realicen eventos masivos; sistema de transporte metropolitano; aviones, trenes, embarcaciones, centros educativos de todo nivel; establecimientos de salud, y otros que señalaría el reglamento.
El dictamen explica que un DEA es un equipo de tecnología sanitaria que se utiliza para aplicar un pulso de corriente continua al corazón, con la finalidad de restablecer el ritmo cardiaco de una víctima de paro cardiorrespiratorio causado por fibrilación ventricular.
El equipo está diseñado para ser utilizado sin mayor preparación ni conocimiento previo, además de que indica paso a paso el procedimiento para realizar una desfibrilación exitosa y segura para el paciente y el socorrista.
En su exposición, el congresista refirió que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de defunción a nivel mundial, al punto que en el 2011 cobraron la vida de siete millones de personas, lo que significó 5.5 millones más víctimas que las provocadas por el cáncer (1.5 millones), según un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Durante el debate previo, a favor de pronunciaron los congresistas Gustavo Rondón (SN) y Gian Carlo Vacchelli (FP), entre otros.
Martín Belaunde cuestionó la importancia de la norma, y su colega Juan Carlos Eguren (PPC-APP) aseguró que una ley de esta naturaleza no se aplica en los países europeos, aparte de lo costoso que resultaría. Según dijo, “para empezar” se requeriría de 100 mil aparatos para instalarlos en 50 mil centros educativos, dos mil terminales aéreos, y varios miles de centros comerciales, entre otros.
Sin embargo, Cecilia Tait (UR), tras pronunciarse a favor, se felicitó porque la iniciativa se adelante a los países europeos y restó importancia a los costos, teniendo en cuenta que “la vida humana no tiene precio”.
El proyecto fue sancionado, en primera votación, con 56 votos a favor, uno en contra y 25 abstenciones. Quedó expedito para su promulgación al ser exonerado del requisito de segunda votación, con 51 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones.
Antes de la votación, el Pleno desestimó la cuestión previa presentada por el legislador Rubén Condori (NGP), para que el dictamen retornase a la comisión dictaminadora para un mayor estudio de sus alcances.
La cuestión previa fue rechazada con 43 votos en contra. A favor se pronunciaron 36 legisladores, incluido el titular del Parlamento, y solo uno se abstuvo.
Lobbista investigado
En la sesión matinal, el presidente del Congreso, Fredy Otárola, quien conducía la sesión, anunció que se había instruido al procurador del Poder Legislativo para investiga al ‘lobbista’ Carlos López Samaniego, quien encabezaría a un grupo interesado en evitar que se debate el proyecto de la nueva Ley Universitaria.
El sujeto fue denunciado por los congresistas Daniel Mora (PP), presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte; y Rosa Mavila (AP-FA), quien añadió que López Palomino había sido visto en el ‘Hall de los Pasos Perdidos’ del Palacio Legislativo repartiendo volantes ofensivos contra congresistas que habrían expresado su respaldo al proyecto.
Los congresistas Ángel Neyra (FP) y Amado Romero NGP) denunciaron supuestos “abusos” de parte del alto comisionado para la interdicción y formalización de la minería, Daniel Urresti, quien habría dispuesto dinamitar maquinarias de mineros informales y artesanales, que se encentran en proceso de formalización, además de canoas y motores fuera de borda, según dijeron.
A la denuncia se sumó Jorge Rimarachín (AP-FA), quien afirmó que esos hechos fueron confirmados por una delegación de congresistas, entre ellos Néstor Valqui y Alejandro Yovera (AP-FA), además de Neyra y Romero, que visitaron la zona.
Yovera se sumó a la preocupación de sus colegas, ya que, según dijo, del proceso de interdicción ha sido excluida la minera ‘La Pampa’, pese a las denuncias que se han presentado contra ella.
Por su parte, Martín Belaunde (SN) respaldó las acciones emprendidas contra las mineras ilegales que, sin tener concesión alguna, explotan parques nacionales y reservas naturales, causando importantes daños al medio ambiente.
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