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Lunes 23 de junio 2014

Tres consorcios presentaron propuestas para proyecto bloqueadores de celulares y Wi-Fi en prisiones

La ejecución del proyecto permitirá instalar sistemas de bloqueo en 33 establecimientos penitenciarios del país.
Tres consorcios presentaron propuestas para proyecto bloqueadores de celulares y Wi-Fi en prisiones
Foto: proinversion.gob.pe

ProInversión informa que tres consorcios presentaron sus propuestas técnicas (sobre Nº 2) y económicas (sobre Nº 3) para el proyecto Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones (bloqueo de celulares y Wi-Fi).

Luego de la apertura de los sobres N° 2, se verificó que los postores Consorcio Prisontec, Consorcio Prepacol Perú, y Consorcio M. (Mass) Communications Ltd. y Tikal Networks Ltd. presentaron la documentación requerida en las bases del concurso. Estas serán evaluadas y el resultado se dará a conocer el 30 de junio, fecha en la cual se abrirán también los sobres N° 3 y se realizará la Adjudicación de la Buena Pro.

La ejecución del proyecto permitirá instalar sistemas de bloqueo y/o inhibición de señales radioeléctricas de los servicios de telefonía móvil y Wi-Fi en 33 establecimientos penitenciarios del país que agrupan poco más del 90% de la población penitenciaria, lo que ayudará a reducir sustancialmente el crimen organizado desde las prisiones (extorsiones, robos, tráfico ilícito de drogas, etc.).

El proyecto, al mismo tiempo, contempla la instalación de teléfonos públicos en dichos establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las comunicaciones que realicen los internos. En ese sentido, el proyecto es auto-sostenible (la inversión se recuperará mediante el cobro de las tarifas del servicio de telefonía pública), por lo que no se contempla un cofinanciamiento del Estado.

El Contrato de Prestación de Servicios tendrá una vigencia de 25 años. En este plazo el adjudicatario deberá implementar todos los cambios tecnológicos necesarios para bloquear los nuevos servicios móviles que entren al mercado.

El proyecto que impulsa ProInversión, cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e INPE, y requeriría una inversión aproximada de US$ 4.1 millones (sin IGV).

 

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